«Aunque se desconoce la forma en cómo se desarrolló el accidente, lo único que parece quedar claro es que no se pudo producir así (como dice la Guardia Civil)». El titular del juzgado de lo Penal número 4 de Palma absuelve al conductor acusado de provocar el accidente en el que falleció el ex concejal de Calvià, Bartolomé Bonafé (padre) y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada que perdió al bebé y que está en coma irreversible seis años después del choque. La resolución judicial enumera múltiples inexactitudes e irregularidades en la instrucción del atestado por parte de la Guardia Civil y que llega a calificar de «lamentable». De hecho, este no es el único calificativo del magistrado ante la actuación: «vergonzoso» e «inaudito» se cuelan en varias ocasiones en la sentencia.
El accidente ocurrió el 24 de julio de 2005 cerca del túnel de Génova. En él se vieron implicados tres vehículos: un Peugeot en el que iba el acusado -que resultó herido-, un Land Rover ocupado por el fallecido Bartolomé Bonafé y otro todoterreno que remolcaba una barca y en el que iba la mujer embarazada que está en coma con su hija de catorce meses, su marido -que conducía- y una amiga. De las pruebas que se hicieron en el juicio sólo queda claro que éste último iba en sentido al aeropuerto.
La versión de la Guardia Civil señalaba que el conductor del Peugeot regresaba de una discoteca de Marratxí bebido y que se saltó la mediana, con lo que provocó el accidente. La sentencia anula la prueba de alcoholemia practicada al acusado, tal y como solicitó el abogado defensor, José Luis Burgos, porque se hizo sobre una muestra tomada en Son Dureta con fines terapeúticos sin que un auto judicial lo autorizara, sólo hubo una providencia. La doctora del 061 que le atendió en el lugar del accidente no apreció señales de embriaguez: al contrario.
Testigos
Varios testigos del accidente afirmaron en el juicio que la Guardia Civil les presionó para que cambiaran su declaración o que directamente se transcribió mal su versión para adecuarla a la culpabilidad del acusado. El propio recorrido del atestado también fue tortuoso. En un primer momento el encargado de redactarlo apuntó a que el accidente lo provocó el Land Rover. Medio año después cambió la tesis. El propio agente que redactó el informe hizo en el juicio una «confesión inaudita», según el juez: «Manifiesta que sufrió presiones durante la instrucción, que no le dejaron en paz, que sus superiores tenían mucho interés en el accidente, que había investigaciones paralelas y coacciones». El propio vehículo del acusado, según señala el juez, fue destruido sin autorización judicial, lo que impidió que se realizaran varias pruebas.
Las víctimas del accidente han cobrado de forma parcial indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y ahora tendrán que acudir a un procedimiento civil al no haber responsable penal.