«Va en contra de mis principios, pero por indicación expresa de mi abogado me acojo a mi derecho a no declarar». Esta fue la única afirmación de uno de los dos guardias civiles acusados de permitir la introducción de droga en Menorca.
El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Palma y se convirtió en un auténtico laberinto procesal. Por una parte, la defensa de los acusados pidió la nulidad de las escuchas telefónicas aportadas como pruebas por un error burocrático, tal como defendió el abogado Jaime Campaner.
Una intervención telefónica en otra causa llevó hasta los guardias civiles y, de esta manera motivó otros pinchazos. El problema que plantean los abogados defensores es que en la causa falta la autorización expresa del juez a las primeras escuchas, por lo tanto, se vulnera uno de los derechos fundamentales de los acusados.
Por su parte, la Fiscalía afirma que las escuchas están «suficientemente motivadas». Además, aportó el auto del juez que legaliza los pinchazos telefónicos que cuestionan los abogados de los acusados.
Si la petición de la defensa se aceptara y las escuchas se anularan, todo el material de cargo obtenido mediante éstas también sería nulo.
Cabe destacar que varios de los acusados confesaron los hechos en instrucción. Según los abogados, sus defendidos no conocían la posible nulidad de los pinchazos telefónicos y por eso confesaron.
Pero ayer en el juicio, por indicación de sus defensas, tanto los guardias civiles acusados como los otros cinco presuntos 'narcos' se acogieron a su derecho y se negaron a declarar, a pesar de la advertencia de que sus declaraciones anteriores serían valoradas por el Tribunal.
Sólo los dos guardia civiles implicados en el caso quisieron manifestar: «Me acojo a mi derecho a no declarar, aunque si tengo que hacerlo, cuando llegue el momento, matizaré.»