La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una red dedicada al tráfico internacional de mujeres para su explotación sexual en burdeles de Cataluña, País Vasco y Madrid, que habría obligado a ejercer la prostitución a una menor de 17 años y a una disminuida psíquica.
Según han informado fuentes policiales, la operación se ha saldado con el arresto de 15 personas, de las que seis han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.
Las víctimas, la mayoría procedentes de países del este de Europa, eran trasladadas a Vilanova, donde residían los máximos responsables, y posteriormente repartidas por prostíbulos de Granollers, Calella, Sant Adrià de Besòs, Vilanova i la Geltrú, Salou, Irún y Vitoria.
Entre las 15 personas detenidas figura el máximo responsable de la organización y han sido arrestadas como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, favorecer la inmigración ilegal, relativo a la prostitución, corrupción de menores y contra la salud pública.
El registro de los 10 burdeles ha permitido a la policía intervenir 18.000 euros en metálico, 150 euros falsificados, un pasaporte y documento de identidad lituano falsos, 200 gramos de droga, y abundante documentación.
Las investigaciones realizadas durante más de un año se centraron en una organización internacional y descubrieron que en Vilanova estaba arraigado un grupo de proxenetas.
CAPTADAS MEDIANTE ENGAÑO
Las mujeres eran engañadas, captadas y trasladadas a Vilanova, donde vivía una mujer de origen bieloruso --apodada 'Victoria'--, que habría regularizada su situación en España a través de un matrimonio fraudulento con un proxeneta español y que era la máxima responsable de la organización.
Las hijas de la responsable de la red, de 12 y 16 años, convivían en muchas ocasiones en el club con el resto de víctimas, siendo ellas mismas las encargadas de recibir a los clientes.
Dada la situación de los menores, la policía los ha puesto a disposición de las autoridades de menores de la Generalitat para decidir sobre su guardia y custodia, por lo que a su madre y compañera sentimental se les imputa un presunto delito de corrupción de menores.
El origen de la operación se encuentra en un comunicado de Interpol-Bielorusia tras la denuncia de una mujer que manifestó haber sido captadas en su país mediante engaño y trasladada a España con documentación falsa de Lituania.
Una vez en España se le habría retirado toda su documentación e informada de que tenía una deuda de 7.000 euros con la organización, que debía saldar ejerciendo la prostitución; y tras ocho meses pudo recuperar su pasaporte, abandonar a los proxenetas y regresar a su país.
De forma paralela, una mujer denunció en la comisaría de Vilanova que su hija de 18 años, con una minusvalía psíquica, se había escapado del domicilio y estaba retenida contra su voluntad, siendo obligada a prostituirse en un club.
Días más tarde, la joven fue localizada en el barrio del Raval de Barcelona ejerciendo la prostitución, y fue acogida por una ONG, si bien la abandonó a los pocos días.
Tras ser nuevamente localizada en Madrid ejerciendo la prostitución, la policía detuvo a una pareja de nacionalidad rumana, al parecer integrantes de la red desarticulada, quienes podrían haberla inducido o coaccionado en sus actos.
La red desarticulada disponía de burdeles en distintas poblaciones y en el de Vitoria se escondía una caja fuerte en el que se halló documentación, dinero y efectos personales de una joven de 17 años, que fue obligada a prostituirse.