Cuatro trabajadoras del piso de acogida gestionado por la Federació Balear d'Associacions LGTB han presentado una denuncia por un delito contra los derechos de los trabajadores contra el gerente del piso. Éste ya estaba imputado en un juzgado de Palma después de que varias de las mujeres acogidas en el piso revelasen que fueron víctimas de trato vejatorio en la vivienda.
Esta denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma por el letrado Pablo Alonso de Caso Lozano, señala una serie de presuntas irregularidades en los contratos que unían a estas cuatro trabajadoras con la asociación. Además, las denunciantes indican que se han visto «humilladas, maltratadas y vejadas por el denunciado en diferentes ocasiones». Uno de los episodios que se relata es que el gerente habría obligado a una de las empleadas a hacer limpieza en su vivienda particular.
Fondos públicos
El escrito incide también en una «nada ortodoxa» gestión de los fondos públicos que recibía la asociación. Según las denunciantes, el gerente les dio a firmar distintos documentos para que prestaran servicios en otros proyectos y cobrar así. Estos trabajos no se realizaban en realidad, por lo que, «pudiera el denunciante haber distraído de la administración pública según qué partidas». Otro de los puntos en el que inciden las trabajadoras es que, a pesar de estar contratadas para una asociación, prestaban servicios de forma indistinta en otras cinco. Así, las empleadas señalan sus contratos se realizaban «en fraude de ley y abuso de derecho» y que, de forma paralela se les impusieron condiciones laborales que vulneraban sus derechos. A la vez, indican que la asociación les debe a cada una al menos tres nóminas.
El escrito pide que declare como imputado el gerente del piso de acogida y que comparezcan como testigos el secretario y la presidenta de la asociación.
El Cuerpo Nacional de Policía intervino en el piso después de que algunas mujeres denunciaran todo tipo de vejaciones. El gerente, por su parte, negó las humillaciones y los malos tratos, pero fue arrestado porque los investigadores consideraban que las pruebas contra él aportadas por las víctimas tenían «fuerza suficiente» para ser creíbles. Las mujeres afirmaban que se les racionaba el agua y la comida en el piso y que, de forma habitual, el gerente les gritaba y les vejaba. La Consellería de Afers Socials avaló en su día la verosimilitud de las denuncias y anunció que iba a reclamar la subvención que habían cobrado. La asociación por su parte ha respaldado al gerente y ha negado siempre los hechos.