El Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil está investigando si el celador del Ayuntamiento de Calvià detenido por supuesta extorsión sexual también sugería a los infractores que contrataran a amigos suyos para arreglar las obras ilegales.
De esta manera, pues, la Policía Judicial ha abierto dos frentes entorno a José P.G., el funcionario sospechoso. Por un lado, los agentes van a empezar a revisar todos los expedientes de obras que ha firmado en los últimos años, para saber si hay más mujeres «molestadas» con insinuaciones sexuales del celador. El trabajo será arduo y puede durar varios meses.
Profesionales
El segundo frente se refiere a las sugerencias que pudo hacer José P. a los infractores, para que contrataran a ciertos electricistas, aparejadores u otros profesionales a la hora de solventar la infracción urbanística. La Benemérita quiere saber si el celador tenía «especial interés» en que fueran ciertos técnicos los que intervenían en el expediente abierto una vez que él sancionaba la obra ilegal.
El acusado quedó en libertad con cargos el martes, tras declarar ante el juez. Se le imputa un delito de coacciones, aunque él sostuvo que se había tratado de un malentendido y que no había acosado a la vecina de Calvià que lo denunció.
La versión de la mujer extranjera, que reside en una urbanización de ese municipio, es muy diferente y sostiene que José P. le espetó: «Esto se podría arreglar yendo a la cama». La denunciante ocultó un móvil y grabó en su casa la visita del celador, lo que ha sido clave para detenerle y acusarlo de coacciones.