La Federació de Pensionistes i Jubilats de Balears ha manifestado satisfacción y tranquilidad ante la confirmación de que se podrá seguir jugando al bingo en sus hogares de la tercera edad, según le ha manifestado la consellera de Innovación, Justicia e Interior, Pilar Costa, a la junta directiva de la entidad.
La junta directiva de la federación de centros de mayores se ha reunido con Costa después de que tres locales, -dos de Palma y uno de Sóller- fueran registrados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, después de haber sido denunciados porque en ellos los ancianos compraban cartones para jugar a bingo.
«La Consellera nos ha trasmitido un mensaje de tranquilidad, ya que se han sobredimensionado los hechos con respecto a la actuación de la policía», ha señalado Rafel Verger, presidente de la federación, quien señala que si se producen nuevas denuncias «se investigarán y se valorará si hay o no delito».
Aún así, la federación ha protestado por la actuación policial y ha criticado que los agentes «se presentaran en los clubes como si en ellos se estuviera ejerciendo alguna actividad delictiva con grandes riesgos para la seguridad de la ciudadanía, cuando simplemente había unas personas mayores pasando un rato de ocio sin hacer daño a nadie».
En opinión de la entidad, la denuncia por parte de las asociaciones de bingo de Baleares no era motivo suficiente para la operación policial, ya que se tendría que haber verificado antes «la veracidad de tales denuncias» y si se estaba cometiendo o no un delito.
La federación ha manifestado a la consellera que las asociaciones de mayores no tienen carácter de empresa ni ejercen ninguna actividad lucrativa, ya que tienen carácter social y sin ánimo de lucro.
Según la entidad, el bingo es «una de las numerosas actividades» que se llevan a cabo en dichas asociaciones, por el hecho de que se considera «una actividad que ejercita la mente» que puede ser positiva para «mantener la salud mental».
Esta entidad entiende que no existe competencia desleal hacia los bingos profesionales, señala que en la mayoría de los casos los ancianos que van a los hogares no tienen capacidad económica para acudir a este tipo de establecimientos y atribuye el descenso de actividad de estas empresas a la crisis económica.