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Condenados a 25 años los implicados en la 'operación Sofía' por estafar a 42 personas

La Audiencia fija en 7,25 millones de euros la indemnización que tendrán que pagar a las víctimas

Los dos principales acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. | Alejandro Sepúlveda

| Palma |

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un total de 25 años de prisión a los cinco acusados por la estafa multimillonaria destapada durante la 'operación Sofía'. El fallo fija además que tendrán que pagar una indemnización de 7,25 millones de euros a los 42 afectados por las estafas.

La sentencia fija una condena de nueve años de prisión para los dos principales acusados, Brian James Giefing y Paul Charleston. Ambos montaron junto a otra acusada un 'call center' en las avenida Comte Sallent de Palma. Desde allí se dedicaban a captar inversiones, para lo que pusieron en marcha una infraestructura con unos diez o quince telefonistas que llamaban de forma constante a ciudadanos británicos para ofrecerles varios proyectos.

El delito se estafa se basa en dos de esas ofertas, una de ellas para vender acciones de una empresa que iba a comprar suelo y a construir en Bulgaria y otra compañía que, directamente era falsa. A partir de ahí, según la sentencia se ponía en marcha un «ejemplo de transparencia financiera». El dinero que pagaban los inversores se ingresaba en un banco de Tánger propiedad de dos empresas de Gibraltar. De ahí pasaba a un fondo de inversión constituido en Delaware (EE UU) cuya dirección corría a cargo de otra sociedad domiciliada en las Islas Seychelles.

Engaño

El fallo señala que existió un engaño a los inversores, a los que se les vendían «infinitas posibilidades» pero sin apenas sustento real. Así, las acciones de la inmobiliaria búlgara se vendían a un precio arbitrario, pero que en todo caso multiplicaba por tres o por cuatro el valor nominal de las acciones. A los inversores se les decía que ya se habían comprado terrenos que en realidad nunca se adquirieron y que se iban a llevar a cabo proyectos que tampoco se ejecutaron. De hecho, el promotor de la empresa búlgara, también condenado, terminó por investigar las actuaciones de los dos cabecillas tras saber lo que cobraban a los inversores.

La Sala concluye en la sentencia que los hechos enjuiciados «no son más que la mínima parte visible del pingüe negocio que montaron Paul y Brian» en Palma. También describe detalles de la trama como que los telefonistas usaban nombres falsos para impresionar a los clientes o que se revistió la operación con folletos y memorandos para dar una imagen de solvencia al chiringuito financiero.

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