La Audiencia Nacional investiga una red de tráfico de drogas vinculada con los carteles colombianos de la cocaína, que tenía a un vecino de Sant Llorenç como uno de sus principales cabecillas. El magistrado Ismael Moreno aceptó la competencia de esta causa tras serle remitida desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Manacor. La mayor parte de los miembros de la organización fueron detenidos en una operación desarrollada en el puerto de Valencia por la unidad de drogas de la jefatura de policía de Palma. En esa intervención los agentes decomisaron un total de 70 kilogramos de cocaína camuflada en muebles que iba a ser distribuida en España.
La investigación judicial desarrollada en Manacor indica que la red tenía la intención de distribuir al menos una parte de la droga en Mallorca. Sin embargo, la red tenía ramificaciones en Levante y Andalucía. Varias personas fueron detenidas en Córdoba y Jaen, donde la trama tenía varias naves en las que trataba la pasta de cocaína para después ponerla en el mercado. El punto de entrada de la droga en el territorio nacional solía ser el puerto de Valencia, donde la cocaína llegaba desde Bolivia. La extensión de la red junto a que, según las pesquisas se trata de una organización perfectamente jerarquizada ha llevado al instructor de Manacor a remitir la causa a Madrid con el visto bueno de la fiscal Ana Estellés y del letrado que representa al vecino de Sant Llorenç, Jaime Campaner.
La Policía Nacional comenzó a investigar esta red en el otoño de 2007. Los agentes desarrollaron una serie de escuchas telefónicas. El febrero de 2008 se produjo el primer golpe policial a la organización. Gracias a las escuchas la policía detuvo a dos personas en la localidad barcelonesa de Igualada, justo cuando se disponían a transportar por avión dos kilogramos de cocaína. A raíz de estas detenciones el Cuerpo Nacional de Policía supo que se preparaba un gran envío de droga desde Bolivia, en el que se iban a usar contenedores de madera para esconder la cocaína. Con esta información se intervinieron otros nueve teléfonos y, unos meses después se desató la macro operación en la que se descubrieron los 70 kilogramos de cocaína. Las dos causas fueron separadas judicialmente a través de un auto de julio de este año.
Según las pesquisas, el cartel sudamericano de la droga proporcionaba de forma fiada la cocaína, mientras que los detenidos españoles se organizaban del transporte. Una vez estaba la droga en España ambas partes se repartían la droga.
La importación se desarrolló a través de una empresa de Barcelona ya constituida que cambió su objeto social sólo para poder camuflar la mercancía. En principio, ésta iba a ser una empresa radicada en Mallorca, cuyo propietario también está imputado. Según los datos policiales, el vecino de Sant Llorenç se encargaba de intermediar entre los colombianos y los españoles.