El cuartel de Sant Ferran se convirtió durante toda la jornada de ayer en un auténtico hervidero. No había otro tema de conversación que la imputación por parte de un juez de cuatro compañeros del GAP por un delito de lesiones durante la actuación el pasado mes de julio en la mezquita de Pere Garau.
La indignación en el colectivo policial iba en aumento y algunos sindicatos policiales y asociaciones no tardaron en levantar la voz.
Por su parte, la directora de seguridad, Pepa Peláez, máxima responsable en este asunto, declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación. Quien sí habló fue el regidor de Policía Local del Ajuntament de Palma, Antonio Donaire. El edil afirmó: «La norma de la casa es no realizar declaraciones en referencia a un tema que está en manos de un tribunal de Justicia. Nosotros no queremos presionar al juez y por este motivo no nos posicionaremos. Es verdad que en su día, desde la Regiduría de policía se ordenó una investigación interna de los hechos a cargo del comisario Morey. El resultado de la misma concluyó que los agentes investigados había actuado conforme a la legalidad vigente y en ningún momento se les expedientó por su actuación», concluyó Donaire.
El más parco en sus manifestaciones fue el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Nicolás Herrero: «El tema está en el juzgado, que decida el juez», concluyó.
Por otra parte, Ultima Hora, ha tenido conocimiento de que en los últimos días, los marroquíes implicados han tratado de acercar posiciones y ofrecieron un pacto a los cuatro agentes con la finalidad de retirarse mutuamente las denuncias interpuestas. Por parte de los policías descartaron esta posibilidad y afirman que quieren llegar hasta el final de esta historia. En el seno de la Policía Local el malestar y la indignación está a la orden del día. «No podemos entender cómo un grupo de cien marroquíes se presentaron en el cuartel para intentar tomarlo por la fuerza y, cuando estábamos preparados para repeler la agresión y proceder a la detención de los culpables, desde arriba se dio una orden incomprensible y se decidió dejar en libertad a los tres detenidos», afirma un agente que prefiere mantener su anonimato para evitar ser expedientado.
En otro ámbito de temas, algunos sindicatos y diferentes asociaciones de defensa de los policías están estudiando las medidas que adoptarán en este caso. «Lo que más necesitan estos policías imputados de manera injusta es que sus dirigentes políticos les brinden su apoyo y que no hagan como Poncio Pilatos y se laven las manos.