La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Inca está investigando si el sargento de la Guardia Civil denunciado por acoso y encañonar a subordinados también falsificó actas de aprehensión de droga.
El caso, destapado por Ultima Hora, explotó cuando un cabo y un agente de la Policía Judicial acudieron al juzgado a denunciar que su situación era insostenible y que sufrían humillaciones continuas por parte del suboficial. Los dos funcionarios, además de un tercero, se dieron de baja psicológica y la Comandancia de la Guardia Civil de Palma abrió una investigación interna, paralela a la judicial. Al sargento se le retiró el arma de manera preventiva y está pendiente de pasar un examen psicológico.
El acusado, sin embargo, negó de forma categórica todas las imputaciones e insistió en que él, al hacerse cargo de la Policía Judicial en el mes de agosto, se encontró con conductas irregulares por parte de sus subordinados. Según esta versión, los agentes utilizaban coches oficiales para fines privados y tenían un horario demasiado flexible.
Ahora las investigaciones judiciales han abierto un segundo frente: las supuestas falsificaciones de actas de aprehensión de drogas, que posibilitaron, hace unas semanas, que la Guardia Civil entrara en dos pisos de sa Pobla ocupados por narcotraficantes. Aquel caso lo dirigió el jefe de la Policía Judicial y con las pruebas obtenidas de declaraciones a toxicómanos consiguió que un juzgado de Inca autorizara la entrada y registro en las dos casas de sa Pobla.
La operación fue un éxito y los agentes se incautaron de drogas y de dinero en efectivo, y detuvieron a cinco marroquíes. Los domicilios asaltados estaban ubicados en las calles Lledoner número 42 y Major número 54 y durante la inspección se hallaron 150 gramos de cocaína y heroína, 6.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con el narcotráfico.
El juzgado trata de aclarar si las actas que justificaron esa operación fueron falsificadas supuestamente por el sargento investigado. La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) considera que el caso es «gravísimo» y que debe investigarse «hasta el final».