La fiscal Dolores Rodríguez pide una pena de dos años y nueve meses de cárcel para un hombre acusado de abusos sexuales a cuatro menores y a una joven de 21 años en la playa de Can Pere Antoni de Palma.
Las víctimas, tres ellas de trece años de edad y una de catorce, estaban bañándose en la playa, el nueve de agosto del año pasado. El acusado, de 29 años y de nacionalidad venezolana, se acercó a ellas y comenzó a hablarlas. En un momento dado cogió la cámara de fotos que llevaba y empezó a fotografiar a las menores, según el escrito de acusación, sin tener consentimiento para ello. No contento con esto, la acusación señala que comenzó a tocarles el pecho y las nalgas, «de forma indiscriminada y rápida».
En ese momento intervino la madre de dos de las menores y recriminó al hombre lo que estaba haciendo. Según el escrito del fiscal, éste le dijo: «me gustas tú y tus hijas» y se quitó toda la ropa que llevaba.
Asustadas por el comportamiento del supuesto acosador, las mujeres echaron a correr. El agresor las persiguió y se puso violento y las amenazó: «como os coja os vais a enterar, te tengo que pegar una paliza que te tengo que matar», afirma Fiscalía que les dijo. Cuando las alcanzó dio un puñetazo a una de las adolescentes de 13 años a las que antes había fotografiado y manoseado. A causa de la agresión, la menor sufrió una contusión que necesitó asistencia médica.
El ministerio público considera que los hechos constituyen dos delitos: exhibicionismo y abusos sexuales continuados. Por el primero de ellos pide una pena de nueve meses de cárcel y por el segundo, dos años. Además señala que se cometió una falta de lesiones y otra de amenaza. Para cada una solicita que se haga pagar una multas por un valor total de 900 euros. También solicita que indemnice a la menor a la que dio un puñetazo por las heridas ocasionadas.
El acusado tiene nacionalidad venezolana y no tiene su situación legal en España regularizada. Por eso, la Fiscalía pide que se sustituyan las penas de cárcel por una orden de expulsión de territorio nacional y la prohibición de regresar por un periodo de diez años. También solicita que se forme una pieza separada de responsabilidad civil para que pague una indemnización mayor a las cinco mujeres agredidas.