La Policía Judicial de la Guardia Civil está llevando a cabo ímprobas gestiones para detener al tercer implicado en el caso de irregularidades de la residencia de Crist Rei, en Inca. Se trata de un varón plenamente identificado y su localización podría ser cuestión de días.
Mientras tanto, las dos detenidas en la operación pasaron ayer por la mañana a disposición judicial en Inca. A la directora, Juana R.O., de 31 años, se le acusa de malos tratos a los pacientes y a la jefa de enfermeras del geriátrico, Yakelin Yolanda P.Y., de 37 años, de lesiones, falsificación de recetas y contra la salud pública. Las dos responsables de la residencia pasaron la noche en el cuartel benemérito y a primera hora de la mañana, tras declarar ante los agentes, fueron trasladadas a los juzgados.
La declaración de las dos mujeres se prolongó por espacio de varias horas y al final ambas quedaron en libertad con cargos. La primera, la directora, tiene la obligación de comparecer en los juzgados en cuanto se la requiera y la segunda, la jefa de enfermeras, tiene que acudir cada mes al juzgado y se le prohíbe acercarse al que era su lugar de trabajo. Las dos imputadas abandonaron los juzgados sin hacer declaraciones y con semblantes muy serios.
La Guardia Civil, de forma paralela, continúa con la investigación y está analizando el contenido de los ordenadores de Juana y de Yakelin Yolanda, así como la documentación que intervino en el geriátrico.
Las familias que tienen internos, o que en los últimos dos años han ingresado a algún pariente, serán citadas a declarar en las dependencias policiales, al igual que los trabajadores del centro. En total, en la residencia de Inca trabajaban unos quince empleados, que en turnos de día y noche debían cuidar de unos 71 internos. Muchos de ellos presentaban moratones o hematomas, que los familiares los achacaban a «extrañas caídas». También se ha acreditado que en algunos casos hubo una deficiente administración de los medicamentos y una falta de cuidado con los ancianos, que les originaban úlceras en el cuerpo.
La jefa de enfermería supuestamente se apoderó del sello de un médico y falsificó recetas, mayoritariamente de Tranquimazin y de Benzodiacepinas, que luego revendía y se quedaba con el dinero. Los familiares de algunos pacientes también han denunciado que han desaparecido en los últimos meses joyas y otras pertenencias de las residentes.