La Fiscalía mantiene los cargos por coacciones y daños contra el dueño de una finca en Son Ferriol que, presuntamente, ordenó el derribo de varias viviendas para echar a sus inquilinos. Por ambos delitos, el ministerio público reclama una pena de dos años de prisión. La acusación particular, que representa a los vecinos afectados por el derribo de varias casetas solicita tres, ya que añade un tercer delito: el de desobediencia a la autoridad.
El juicio quedó ayer visto para sentencia después de la declaración de un mando de la Unidad de Prevención y Respuesta de la Policía Nacional. El agente aseguró que intervinieron cuando ya se habían derribado las casetas y negó que viviera gente en ellas, tal y como afirman las acusaciones. Eso sí, también contradijo la versión de la defensa al negar que las construcciones estuvieran en ruinas y convertidas en un vertedero. Al contrario, aseguró que eran cocheras que en su mayor parte tenían tejado y estaban cerradas.
En todo caso, la Fiscalía sostiene que en febrero de 2007, Bartolome Torrens contrató una excavadora para echar abajo varias casetas. «La única intención era atemorizar a los vecinos y desalojar las viviendas», asegura Fiscalía. Torrens había heredado la finca de un hermano suyo que mantenía contratos de arrendamientos, algunos orales, con varias personas. El abogado de los afectados, Miguel Àngel Villalonga, sostiene que el acusado «hostigó y acosó» a los inquilinos en una actuación de 'mobbing inmobiliario' para forzar su marcha. Además, reclama la compensación de los efectos destruidos en el derribo.
Carlos Barceló, el abogado del acusado, defendió que «hablamos de un taxista, no es 'El Pocero'» y señaló que la única actuación que se hizo fue limpiar una parte de la finca. «No ha quedado probado nada y, aunque fuera verdad, la demolición de unas cocheras no es delito de acoso», señaló.