AGENCIAS
La Justicia lusa se pronuncia este lunes sobre la desaparición de Madeleine McCann en mayo de 2007 y, aunque podría abrir un juicio, en Portugal se espera que cierre el caso por falta de indicios del paradero de la niña británica.
Tras más de 14 meses de infructuosa investigación y mientras aún son sospechosos de la desaparición los padres de Madeleine -Kate y Gerry McCann- y un británico residente en Portugal, la Fiscalía General lusa se comprometió a emitir finalmente una decisión sobre uno de los casos más mediáticos de la Historia.
Después de que la policía, sin aparentes progresos, entregó a los fiscales el informe final de sus investigaciones hace tres semanas, las opciones judiciales son ahora tres: cerrar el caso, ordenar nuevas diligencias e investigaciones o abrir un juicio.
Si se cumplen las expectativas de los medios informativos lusos y la Fiscalía pide el cierre del caso, los «arguidos» o sospechosos serán liberados de esa condición y el siguiente paso será el fin del secreto del sumario, prorrogado ya varias veces, cuando concluya un período de posibles apelaciones.
El contenido de las investigaciones del caso Madeleine no ha sido hecho público hasta ahora, aunque la prensa portuguesa ha difundido algunos supuestos fragmentos de las conclusiones policiales, que revelan la falta de pruebas concluyentes para incriminar a los sospechosos o esclarecer lo que ocurrió con la niña.
Esta semana algunos medios insistieron en que los análisis de ADN de los presuntos restos de sangre y olor a cadáver de Madeleine, que hicieron a la Policía sospechar de los padres, arrojan un grado elevado de certeza pero no llegan al 100 por 100 necesario para sostener una acusación.
No obstante revelaciones como ésta, junto a otras muchas informaciones incriminatorias para los padres, fueron difundidas a lo largo del año tanto por medios lusos como británicos sin que fueran jamás confirmadas.
Los McCann y el otro «arguido», el británico Robert Murat, han recibido ya indemnizaciones de 694.000 y 750.000 euros, respectivamente, tras querellarse contra diversos diarios del Reino Unido por difamación. Por su parte las autoridades policiales y judiciales lusas apenas han emitido tres comunicados y han comentado el caso en un par de entrevistas, en las que siempre subrayaron que las investigaciones no aportaban pruebas concluyentes contra nadie ni aclaraban lo sucedido el 3 de mayo de 2007.