El ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos formaba parte del Movimiento Neocatecumenal de los 'Kikos' de la parroquia de la Sagrada Familia de Son Oliva.
Su misión, aparte de confraternizar con quienes «han emprendido el camino catecumenal», era el de ayudar a los jóvenes con problemas que acudían a la parroquia. A veces, algunos de ellos pasaban los fines de semana en su domicilio y, al menos dos de esos menores, de 12 y 13 años, le han denunciado por abusos sexuales.
El juez Antoni Rotger y la fiscal Concha Gómez interrogaron a De Santos por esa cuestión, ocurrida hace tres años, pero éste lo negó «de forma rotunda», según declaró su abogado Bartomeu Vidal al finalizar la vista. «Mi cliente insiste en que es inocente», resumió el letrado.
La denuncia de los menores, a los que De Santos admite conocer, es prolija en detalles, corroborados por las investigaciones desarrolladas en los últimos meses. Y no son las únicas. La policía investiga otras tres, y el juez, precisamente, decidió decretar el secreto del sumario para investigar de oficio otras denunciadas presentadas en su momento y que luego fueron retiradas.
Algunos de los episodios más comprometidos para De Santos reflejados en las denuncias, como el relato de los niños sobre el alcance de los supuestos abusos, si fueron simples 'toqueteos' o hubo sexo completo, siempre tuvieron la misma respuesta del ex concejal: un no rotundo.
«Mi cliente respondió a todas las preguntas insistiendo en su inocencia. Nosotros nos tenemos que basar sólo en lo que escuchamos en los interrogatorios (ante la Policía Nacional y el juez), ya que no hemos tenido acceso ni a las denuncias ni al sumario al hallarse el caso bajo secreto», explicó el letrado Vidal.
El ingreso en prisión sin fianza para De Santos dictado por el juez se puede prolongar hasta dos años, prorrogables por otros dos, si la instrucción judicial del caso lo requiere.
El nuevo frente judicial abierto contra el ex concejal de Urbanismo de Cort ha supuesto para él un auténtico «mazazo», según su abogado. «Está destrozado, pero ha mantenido la calma durante los dos interrogatorios», afirmó.
De Santos también es investigado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos al gastar 50.000 euros en clubes de prostitución masculina y en drogas a través de una tarjeta Visa que le proporcionaba la Empresa Municipal de Proyectos y Obras (EMOP). Aunque ya ha devuelto la totalidad de ese dinero, será juzgado por un tribunal popular.
El ex edil del Ajuntament de Palma también es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Balears por la compra del castillo del Parc de sa Riera, que él autorizó por un importe global de 1'4 millones de euros.