JULIO BASTIDA
El Juzgado de Menores número 1 de Palma ha dictaminado una sentencia de culpabilidad que recae sobre el único menor punible de la violación de una niña de 9 años de edad en la localidad de Muro. El acusado, un adolescente de origen magrebí de 14 años de edad, ha sido condenado por el tribunal como autor de un delito continuado de abusos sexuales.
El menor deberá cumplir una medida de dos años de internamiento en régimen cerrado, seguido de otros dos años más de libertad vigilada y la correspondiente prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima en cualquier forma o manera durante un periodo de cinco años. De igual forma el titular del Juzgado de Menores condena a una indemnización económica de 6.000 euros a la víctima.
Por su parte la petición de la fiscalía era algo superior a la de la condena pero se mostraron satisfecho de las medidas adoptadas por el tribunal. La acusación particular que representaba a la familia de la niña violada había solicitado unas medidas muy superiores a las sentenciadas. Debido a que la sentencia no es firme, el abogado del menor condenado informó que tiene la intención de recurrirla.
En el municipio de Muro en cuestión de quince días se vivieron dos episodios que conmocionaron a todos los vecinos y que tuvieron como protagonista a dos niñas, la primera de ellas fue violada y la segunda víctima sufrió abusos sexuales. Los supuestos agresores de las niñas en su mayoría eran menores de 14 años por lo que resultan impunibles ante la Ley del Menor y no pudieron ser enjuiciados. El pasado día 29 de marzo unas trescientas personas se lanzaron a la calle para solicitar el endurecimiento de las penas para los menores. Con el eslogan de: «Ser menores no les da derecho a hacer lo que quieran», los murers expresaron su indignación ante un episodio continuado de agresiones sexuales.
La repercusión mediática de la manifestación acaparó la atención de los medios de comunicación de toda España. Días más tarde, el pueblo apareció con numerosas pintadas de índole racista y los familiares de algunos de los agresores tuvieron que abandonar el pueblo ante las constantes amenazas.