En la misma, los padres de una menor que fue víctima de abusos por parte de un pederasta en Palma, denunciaba que, pese a que el hombre estaba condenado en sentencia firme, nunca había ingresado en la cárcel y lo siguen viendo «paseando con entera libertad».
El fiscal superior, al recibir la información, convocó una reunión urgente con el fiscal coordinador de Extranjería, Ramón Vázquez, y un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
Como primera medida urgente se decidió solicitar la correspondiente información del Juzgado Penal 8 de Palma, que es el que lleva a cabo las ejecutorias.
Como ya se ha venido informando en estas páginas, el citado juzgado está colapsado, lo que habría motivado el hecho de que el pederasta continúe en la calle y sin haber iniciado el cumplimiento de su condena. También, se ha iniciado la búsqueda del pederasta, del que se ha dicho únicamente que es de nacionalidad extranjera y que, al parecer, reside o residía en el término municipal de Palma.
A la vista de los acontecimientos, el fiscal superior ordenó la elaboración de un informe sobre la situación del ciudadano extranjero, a la espera de que la juez resuelva. El hombre fue condenado en un juicio celebrado en Palma y, según la denuncia que obra en poder de la Fiscalía General del Estado, no ha cumplido la pena. Este tipo de situaciones anómalas en el funcionamiento de la Justicia está siendo observado con lupa por todos los operadores jurídicos tras el 'caso Mari Luz', la niña de Huelva asesinada por un pederasta con dos órdenes de ingresar en prisión sin cumplir. Ante ese «cúmulo de lamentables fallos en cadena», como lo ha definido el CGPJ, órgano de control de los jueces, el juez decano de Palma, Francisco Martínez, ha hecho pública su opinión favorable a la creación de un registro nacional de pederastas.