El teniente de alcalde de Hisenda del Ajuntament de Palma, el socialista Andreu Alcover, recordó ayer que todas las empresas públicas están obligadas, por ley, a pasar una auditoría externa, como así se viene haciendo desde hace años en las cinco del consistorio palmesano, que son la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop), la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), la Empresa Municipal de Transports (EMT), la Empresa Municipal d'Aigua i Clavegueram (Emaya) y la Empresa Funerària Municipal (EFM).
Por lo que respecta a los organismos autónomos, como por ejemplo el Institut Municipal d'Innovació (IMI) o el Institut Municipal d'Esports (IME), no es obligatorio llevar a cabo auditorías externas.
En cuanto al gasto que llevan a cabo las distintas concejalías, hay siempre una fiscalización previa, lo que significa que cualquier compra, convenio o adquisición debe contar previamente con el beneplácito del departamento de Intervenció y, en algunos casos concretos, también de los Serveis Jurídics del Ajuntament de Palma.
Alcover recordó que en el caso de las empresas municipales, hay siempre varios pasos legales que se llevan a cabo antes de la presentación de sus cuentas a una empresa auditora.
En primer lugar, la contabilidad de cada empresa municipal debe ser presentada para su aprobación al consejo de administración de la misma, y posteriormente vuelve a ser presentada en una junta general, que se celebra siempre con anterioridad a un pleno ordinario.
El teniente de alcalde de Hisenda recordó que en el nuevo mandato, que preside la socialista Aina Calvo, han vuelto a tener voz y voto en los consejos de administración la oposición y las entidades, hecho que calificó de positivo para que haya un mayor control de la actuación llevada a cabo en cada empresa pública.
Por lo que respecta a las juntas generales, en las que están presentes los 29 ediles, no ha habido cambios.