El teniente de alcalde de Hisenda del Ajuntament de Palma, el socialista Andreu Alcover, dio a conocer ayer que a principios de este año el nuevo equipo de gobierno municipal tuvo sospechas, por vez primera, de que el anterior teniente de alcalde de Urbanisme, el popular Javier Rodrigo de Santos, podría haber utilizado, presuntamente, fondos públicos de forma irregular.
Alcover indicó que en la auditoría llevada a cabo meses atrás sobre las cuentas de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop) de 2006 se detectaron gastos «que no tenían justificación» o «irregularidades suficientemente llamativas», por lo que tras una investigación interna de Cort se decidió poner en conocimiento de la Fiscalía, el pasado 20 de febrero, dichos hechos presuntamente delictivos. Cabe recordar que De Santos era entonces el presidente de la Emop.
Alcover señaló que no se cuestionaba en ningún momento la actuación llevada a cabo por los funcionarios municipales. Además, añadió que el equipo de gobierno no había querido «polemizar» ni «contaminar» la celebración de las elecciones generales con este caso.
Por último, recordó que el nuevo equipo de gobierno dio de nuevo voz y voto a la oposición y a las entidades en los consejos de administración de las empresas municipales, hecho que «serviría para tener un mayor control».
Cabe recordar, por otra parte, que en 1995 el anterior teniente de alcalde de Hisenda, el popular Pedro Àlvarez, prohibió que los ediles de Cort pudieran disponer de tarjeta de crédito propia con titularidad del Ajuntament de Palma.
En este sentido, en el pasado mandato, que presidió la popular Catalina Cirer, sólo disponían de una tarjeta los presidentes del Institut Municipal d'Esports (IME), de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP) y de la Emop, empresa municipal esta última que contaba con un jurídico, un economista, un secretario y una gerente, que eran las personas que controlaban y autorizaban los gastos y los ingresos de dicha sociedad anónima, que una vez auditados e inscritos en el registro mercantil se elevaban al correspondiente consejo de administración. Una vez aprobadas estas cuentas, se volvían a aprobar en una junta general, que se celebrada en un pleno municipal ordinario, en donde estaban representados todos los partidos.