El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, ha abierto dos piezas más de la denominada 'operación Relámpago', que investiga desde abril de 2007 los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, contra el bufete de abogados palmesanos Feliu y el matrimonio inglés (los Hore) que adquirieron la finca mallorquina Son Bunyola al magnate británico Richard Branson.
La investigación abierta contra el Bufete Feliu se ha iniciado tras un informe de la Unidad de Inspección de la Agencia Tributaria, que ha constatado, supuestamente, diversas irregularidades fiscales.
De hecho, un primer informe de Hacienda y que refleja el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Anticorrupción detallan numerosos supuestos delitos contra la Hacienda pública.
En una de las investigaciones (ver gráfico en esta misma página), la Agencia Tributaria destaca que sólo en el primer semestre de 2000, se calculan en más de siete millones de euros las cantidades no justificadas, lo cual implicaría que habrían quedado superados los límites cuantitativos establecidos en ese tipo de delito, según el escrito de Anticorrupción, que detalla otras operaciones supuestamente 'opacas' de tráfico de divisas.
Hasta ahora, varios miembros del bufete Feliu han prestado declaración en diversas piezas en calidad de imputados. Miguel Feliu ha comparecido ante el juez que investiga las dobles ventas de terrenos en Andratx y se encuentra en libertad bajo fianza de medio millón de euros.
La segunda pieza de la 'operación Relámpago', de un total de siete abiertas hasta ahora, apunta de lleno a Christian y Marta Mónica Hore, a quienes la Agencia Tributaria identifica en nuevas supuestas irregularidades fiscales.
Los Hore están imputados por la millonaria operación de compraventa de Son Bunyola y el juez Garcías dictó una auto exigiéndoles 156 millones de euros en concepto de fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles que se deriven de los hechos, la cifra más alta en la historia judicial de Balears.
El abogado que les representa, Andrés Jiménez de Parga, ha recurrido ante la Audiencia de Palma esa fianza, decisión que ha justificado en un informe elaborado por expertos en materia fiscal.