El notario y ex secretario general del PP Alberto Herrán compareció ayer ante el juez instructor de la 'operación Relámpago', Antoni Garcías, y el fiscal anticorrupción Juan Carrau, en calidad de imputado en una de las piezas separadas de la causa abierta desde el pasado mes de abril.
Herrán, defendido por el abogado y ex fiscal Ignacio Peláez, está imputado por la supuesta comisión de un delito blanqueo de capitales.
Ejerciendo sus funciones profesionales de notario, dio fe pública a una serie de adquisiciones de sociedades y bienes inmuebles realizadas por el ciudadano británico Peter Brian Bradley, también incriminado en la causa.
Anticorrupción investiga esas operaciones en el marco de la 'operación Relámpago', que comenzó, precisamente, con el registro del bufete de abogados Feliu y de la notaría de Alberto Herrán y Àlvaro Delgado.
Fuentes cercanas al caso comentaron a este diario que Herrán había defendido su actuación profesional en las operaciones realizadas por Bradley en Mallorca, un acaudalado empresario que reside en el Reino Unido.
En ese contexto, insistió en que cumplió con todos los requisitos al tratarse de operaciones realizadas por sociedades españolas, concretamente Bel-Brogit S.L.. No obstante, el Ministerio Fiscal maneja una serie de datos e informes de la Agencia Tributaria que, al parecer, confirmarían una serie de irregularidades fiscales en esas operaciones. El fiscal, en todo caso, sostiene que las sociedades son extranjeras, y no españolas, es decir, lo que conlleva un regimen tributario distinto.
Ayer, asimismo, prestó declaración Alejandro Feliu, defendido por el letrado Juan Luis Matas, quien también aportó datos e informes que probarían la legalidad de su actuación profesional en los negocios de Bradley en Mallorca. El abogado sólo admitió la firma de una escritura de compraventa actuando en nombre de Bel-Brogit. La otra sociedad investigada es Acantus de Bari S.L.
Ayer, asimismo, estaba citado en calidad de testigo el abogado madrileño D. P, pero su declaración fue suspendida.
La 'operación Relámpago' investiga la comisión de los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La mayoría de los imputados son ciudadanos británicos y rusos por operaciones 'opacas' al fisco realizadas en la Isla.