FRANCISCO BARRASA
El jurado popular constituido en la Audiencia de Palma consideró ayer por unanimidad que Juan Manuel Gutiérrez dio muerte con alevosía en la palmesana calle Luna a la madre de sus hijos, Marie Sumie, en la víspera de Reyes de 2006, lo que le hace acreedor de una condena por asesinato que la fiscal del caso reclamó en su tramo máximo, 20 años de prisión, y su abogado defensor en el mínimo, 17 años y medio de reclusión.
La acusación particular en nombre de la familia de la víctima, y el abogado del Estado -personado por imperativo de la Ley Integral de Violencia de Género-, se adhirieron a las conclusiones del ministerio público.
Además de la pena por el delito principal de dar muerte a su pareja con 30 cuchilladas, las cuatro últimas mortales de necesidad, el Jurado dio paso tras su deliberación a otra condena de hasta 2 años de cárcel para Juan Manuel por la amenaza -cuchillo en mano- sobre el vecino que se acercó a la escena; a la privación de la patria potestad de sus hijos, en cuya presencia atacó a la finada; a la posibilidad de acercarse por espacio de 15 años a cuantos parientes estuvieron próximos a la escena del crimen, y a una indemnización de 120.000 euros para las dos criaturas concebidas con Marie durante sus seis años de relación sentimental.
El jurado hizo público su veredicto a partir de las 19.15 horas de ayer, al cabo de cinco días de trámite judicial y en medio de una notable atención mediática pero ya sin la presencia del público que había asistido a las sesiones probatorias del juicio entre el lunes y el miércoles.
La decisión del jurado, expresada en nueve epígrafes -por unanimidad o mayoría- a la luz de las pruebas presentadas a juicio, no consideró probado el agravante de ensañamiento del acusado para con la víctima, lo que impidió que las acusaciones mantuvieran su petición de 25 años de presidio para el autor confeso de la muerte de Marie Sumi.
Por su parte el abogado de Juan Manuel Gutiérrez anunció anoche la intención de recurrir una sentencia superior a su calificación final de los hechos al entender que existen precedentes judiciales para valar su tesis.