La sección segunda de la Audiencia de Palma celebró ayer la primera sesión del juicio contra R.L.S., de 23 años, acusado de la muerte de un hombre de 69 a consecuencia de los golpes que le propinó en la madrugada del 4 de octubre de 2006 en una calle de Cala Rajada.
La sala juzgadora tiene previsto celebrar hoy una nueva sesión de testificales con los peritos que puedan esclarecer las causas de la muerte -acaecida once días después del incidente-, y escuchar mañana las conclusiones definitivas de las acusaciones y el defensor.
En la sesión de ayer el acusado, que permanece en prisión desde diciembre de 2003, declaró haber llegado aquella noche a Cala Rajada tras consumir cantidades importantes de cocaína y alcohol, y haber entablado conversación casual con la víctima sobre asuntos banales. Sentados ambos en un banco, siempre según ese testimonio, el fallecido le habría realizado tocamientos en sus partes, lo que le irritó y determinó que ya de pie le diese «dos guantazos normales en la cara, con la mano abierta», y negó haberle propinado una paliza como parecían aventurar las importantes lesiones externas e internas que presentaba la víctima en la cabeza. A preguntas y repreguntas de las acusaciones a ese respecto, R.L.S. indicó que la víctima cayó hacia atrás y se golpeó contra un muro. En todo caso, admitió que ni él le prestó auxilio ni comunicó el incidente a la policía o a efectivos sanitarios para que lo hicieran. Por contra, indicó que se había asustado y que su reacción consistió en recoger del suelo las llaves del coche del herido y huir con el vehículo hacia su domicilio, en Capdepera, donde lo tuvo aparcado hasta la noche del día siguiente cuando optó por devolverlo y en el camino se estrelló y lo destrozó.
Tras su declaración, el acusado hubo de responder a las preguntas aclaratorias de uno de los magistrados, que se interesaba por la veracidad de un testimonio en juicio que no coincidía ni con el prestado ante la policía ni con el que firmó ante el juez de instrucción.
En sus calificaciones provisionales la fiscal pide para el acusado doce años de prisión por homicidio y tres por robo con violencia, así como 100.000 euros de indemnización para los herederos de la víctima. La acusación particular, ejercida por el letrado Gabriel Garcías, eleva hasta quince años de cárcel la petición por homicidio, al considerar el agravante de abuso de superioridad, atendiendo a la mayor fuerza y juventud de su agresor. Por su parte el letrado de la defensa, Carlos Portalo, reclama para su patrocinado la consideración del delito como homicidio imprudente, lo que conlleva pena de prisión de uno a cuatro años.