PEP MATAS
Diego González Carrasco, director general de Consum, alerta sobre la actividad de una empresa que se dedica a revisiones del gas en Mallorca. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía investiga si se puede tratar de una estafa. Además, González añade que hay una tercera vía de investigación, por parte de Industria, «puesto que los operarios harían revisiones de gas canalizado, cuando no están autorizados para ello». Desde hace días varias personas se han puesto en contacto con este periódico para mostrar sus quejas. En general los vecinos coinciden en señalar que un empleado que viste una chaqueta gris se ha presentado en su casa, les ha dicho que iba a hacer una revisión del gas, y le han dejado pasar. Una vez efectuada la misma el empleado extiende una factura en la que se detallan 41'76 euros, más 6'68 euros del IVA y en total el importe es de 48'44 euros. La factura tiene la apariencia de legal e incluso en algunos casos tiene el sello de la Direcció General de Consum, de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Pero los afectados aseguran que ellos no sabían que tenían que abonar dicha cantidad, y cuando el empleado abandonó su domicilio se pusieron en contacto con GESA, desde donde les dijeron que lo ocurrido es denunciable. Por parte de este periódico se ha contactado con la empresa. Una portavoz de la misma asegura que los servicios que ofrecen están autorizados y son pefectamente legales, y con respecto al comentario de responsables de GESA responde que «ahora se ha acabado el monopolio y lo que quieren es confundir al ciudadano. Nosotros estamos perfectamente autorizados a hacer estos trabajos y no engañamos a nadie. Incluso en la empresa hay unos controles por si algún empleado no se comporta correctamente». Con respecto al sello del Govern, debajo del mismo aparece otro en el que se especifica que se trata de un establecimiento adherido al arbitraje de consumo. El director general de Consum señala al respecto que «la empresa no está autorizada a utilizar el sello del Govern, y por ello en las últimas facturas lo han eliminado». González insta a los afectados a que formulen las denuncias, o bien a través del teléfono gratuito 900 166 000, o bien en el edificio de Consum qu e está en Passeig des Born número 67, en Palma. El director general aclara que la empresa deberá devolver el importe de lo que han abonado los afectados. Sobre la manera de actuar de los operarios, en principio parece claro que se utiliza la picaresca, puesto que no se informa a la persona que visitan que la revisión que van a llevar a cabo tiene un coste de casi 50 euros.
Otra empresa de las mismas características está operando en Menorca.