«Hemos sido linchados mediáticamente, acosados y difamados con una ferocidad rayando en el ensañamiento». Así de rotundo se expresa el bufete Feliu en el comunicado de prensa que hizo público ayer para puntualizar varios aspectos de la actuación judicial y de los medios de comunicación tras el desarrollo de la 'operación Relámpago, el pasado mes de abril. En esa causa, en la que se investiga una posible trama de blanqueo de dinero y una supuesta estafa con la doble venta de parcelas en Cala Llamp, está imputado Miguel Feliu, que depositó medio millón de euros en concepto de fianza para quedar en libertad con cargos. Por ahora, los únicos detenidos son el francés Patrick Duchemin y el belga Daniel Willy Desiré Perin.
El bufete Feliu señala en su comunicado que «durante cinco meses este despacho ha mantenido un absoluto silencio por la única razón de profundo respeto hacia las normas procesales propias de un Estado de Derecho".
Y añade: «En ejercicio de la legítima defensa y en un escenario que ni hemos buscado ni hemos deseado nos vemos obligados a denunciar ante la opinión pública toda la serie de anomalías, irregularidades y prejuzgamientos a que nos hemos visto sometidos».
Aseguran que a los miembros del mismo se les ha causado un «daño irreparable con desprecio absoluto por este derecho fundamental de los ciudadanos que se llama la presunción de inocencia», después de que el Ministerio fiscal presentara una querella criminal contra ellos, ya que «ha saltado hecho añicos el secreto sumarial, con filtraciones sesgadas y manipuladas y que han provocado un auténtico juicio paralelo sin las garantías de las que es acreedor cualquier ciudadano». Manifiestan que se ha generado la «indefensión absoluta del justiciable» y, además, añadió que se ha convertido en una «caricatura el principio garantista» de la tutela judicial efectiva que inspira tanto la institución de la imputación como la instrucción judicial y la función de la Fiscalía en defensa de la legalidad. Por otro lado, destaca que «ha echado en falta el principio que ennoblece la función jurisdiccional y que es la tutela judicial efectiva que ampara al justiciable cuando sus derechos y libertades han sido injustamente violados», que, según recalcan, es exactamente lo que le ha ocurrido.