La Audiencia Provincial impuso ayer una pena de dos años y medio de cárcel a un estafador con una amplia carrera delictiva. Se trata de José Luis Barrios Díaz Pineda, un hombre de 64 años de edad que cumple penas que suman 16 años de cárcel por varios delitos de estafa.
Su última actuación se remonta al año 1997, cuando comenzó a frecuentar un bar de la carretera militar de s'Arenal. Su persistencia le valió ganarse la confianza de la dueña, quien le comentó que ella y su marido querían adoptar un niño.
El estafador vio entonces una oportunidad, asegurando que era abogado y que podía ayudarles. De hecho, a partir de ese momento comenzó a urdir una trama muy imaginativa, que incluía contactos con un supuesto funcionario que podría acelerar los trámites de adopción.
De este modo les convenció de que realizasen varios viajes a Madrid para arreglar temas de papeleo, en los que conocieron al falso funcionario. En estos trayectos también se entrevistaron con una psicóloga que les iba a otorgar el certificado de idoneidad e incluso les llevó al «Hogar de la Infancia y la Familia» para recibir charlas relacionadas con la adopción.
A lo largo de la tramitación, el matrimonio pagó una cantidad de 21.000 euros al falso abogado en concepto de provisión de fondos y comisión por las gestiones que estaba llevando a cabo. Poco después, les pidió otros 3.000 euros. Según él, esta cantidad estaba destinada a costearse el desplazamiento a Caracas, puesto que el niño que debían adoptar era venezolano.
Sin embargo, una vez entregado todo el dinero, y después de programar el viaje a Venezuela, el abogado desapareció.
El juicio se debía celebrar a finales de mayo, aunque se aplazó porque el matrimonio se hallaba de vacaciones en República Dominicana. En esa ocasión ya se intentó llegar a un acuerdo para reducir la pena sin celebrar el juicio. El fiscal propuso rebajar la condena de los ocho años iniciales que pedía por estafa e intrusismo hasta los tres años y medio, aunque el acusado se negó a aceptar la rebaja. Ayer, tras una nueva negociación, el fiscal rebajó hasta los dos años y medio de cárcel.
El acuerdo también incluye el compromiso para que el acusado pague a plazos los 24.000 euros estafados al matrimonio.