PATRICIO CANDIA-PEP MATAS
Uno de los cuatros supuestos testaferros detenidos el pasado martes, el ciudadano francés M. J. D., acusó ayer de forma directa al empresario Patrick Duchemin y al abogado Miguel Feliu de haber actuado de forma conjunta en la trama de las dobles ventas de parcelas en Cala LLamp, en un fraude millonario que tres jueces de Palma investigan desde hace meses, según confirmó a este diario una fuente relacionada con la causa.
D. y el belga D. W. D.P. fueron interrogados ayer por el juez de guardia, en una maratoniana vista que finalizó pasada la medianoche, y a la que asistieron el fiscal anticorrupción de Balears Pedro Horrach, dos abogados de la acusación en el caso de las dobles ventas, Pau Más y María Francisca Altés, y los letrados de los imputados.
Los dos supuestos testaferros, que firmaron decenas de compraventas sospechosas de terrenos en Cala LLamp, fueron los únicos que declararon ante el juez, ya que otros dos imputados, un ciudadano francés y otro argentino detenidos inicialmente, quedaron en libertad con cargos.
La declaración de M. J. D. fue tan prolija en detalles, que sorprendió al fiscal y a los abogados, que no la esperaban, sobre todo, tras el hermetismo que mostró el belga D. W.D.P., que había declarado en primer lugar.
D., que fue empleado de Patrick Duchemin en al discoteca de Illetes que éste regentaba, acusó a éste y al abogado Miguel Feliu de ser los 'cerebros' del fraude millonario de las dobles ventas en Cala LLamp. Además, citó el nombre de un ciudadano extranjero que actuaba como capitalista del pingüe negocio y también la entidad bancaria donde se depositaba parte del dinero.
Pero, los más llamativo para las partes personadas que escucharon la declaración del supuesto testaferro, fue la alusión que hizo a una posible connivencia en la trama de altos cargos del Ajuntament de Andratx. Y ello, porque muchos de las parcelas que vendían tenían 'asegurada' la posibilidad de construir en ellas, aunque circunstancialmente no disponían de permisos de edificabilidad.
La fuente consultada por este diario -la pieza separada de la 'operación Relámpago' se está investigando bajo secreto del sumario, admitió que la declaración de D. daba un giro radical a la causa.
El supuesto testaferro belga, en cambio, fue mucho más parco y sólo admitió su intervención en una sola compraventa, aunque el fiscal le imputa cuatro delitos, uno de ellos, de falsificación de documentos.
A la vista de losa contecimientos, y a petición del fiscal Horrach, el juez de guardia y sustituto del titular de Instrucción 6, dictó un auto de prisión para el ciudadano belga, mientras que el francés quedó en libertad con cargos.