El juicio contra el letrado Gabriel Feliu se retomó ayer en una dura jornada, después de que el martes las defensas pidieran un aplazamiento ante la presentación de nueva documentación.
El momento más tenso se vivió con el interrogatorio a Feliu, que cayó en contradicciones y rebatió a la fiscal. El acusado aseguró en un principio que nunca llegó a ocupar cargo alguno en la empresa Moorings Canarias, dedicada al alquiler de barcos. Sin embargo, poco después se le mostró un documento en el que figuraba como apoderado. Feliu aceptó entonces su vinculación con la sociedad aunque advirtió al tribunal que el contrato estaba «mal traducido del francés». Tampoco dejó a la fiscal que acabase de formular muchas de sus preguntas, y cada vez que la representante del ministerio público realizaba alguna afirmación, el acusado exigía en qué folio del expediente estaba reflejada.
Según la fiscal, Feliu y el otro acusado, Juan B.D., «engañaron» a dos socios canarios para pedir una subvención y expandir la actividad del grupo Moorings a Canarias y Cuba. La fiscal aseguraba que se apropiaron del dinero de la subvención y que no aceptaron cederles un barco, tal y como habían acordado. Feliu reconoció que pidieron la subvención «porque la ley lo permite» y que no necesitaban «ningún socio canario porque éramos el grupo más importante de España con 32 barcos». De igual modo, trasladó la responsabilidad de lo sucedido a los querellantes, asegurando que fueron ellos quienes les debían dinero. «Pidieron una solución totalmente irregular y un contrato surrealista, y yo me negué y dimití», afirmó.
Después le tocó el turno al otro acusado, Juan B.D. Éste admitió que Feliu era quien les asesoraba legalmente, aunque «sólo de manera muy puntual».