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Martín Pallín: «El fiscal no puede registrar con candidez un despacho de abogados»

El magistrado del Supremo justifica las formas empleadas en los registros de la 'operación Relámpago'

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«El fiscal no puede registrar con candidez un despacho de abogados», declaró ayer el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, poco antes de pronunciar la conferencia 'Secreto profesional y blanqueo de capitales' en el Colegio de Abogados de Balears. Martín Pallín justificó, de esa manera, las formas empleadas por los fiscales Anticorrupción en los registros efectuados en el bufete Feliu y de los notarios Àlvaro Delgado y Ramón Herrán en el desarrollo de la 'operación Relámpago', ya que «van (los fiscales) en busca de información compleja, de unos registros informatizados, de unos discos duros que pueden aportar muchos datos», precisó. «Una vez que el juez ha autorizado el registro a través de un auto razonado, Anticorrupción está actuando bajo la más escrupulosa legalidad. No pueden actuar con la candidez propia de quien va en busca de lápices», apostilló el magistrado.

Martín Pallín admitió que no conocía en toda su extensión la 'operación Relámpago', pero sí el 'caso Andratx', «por los periódicos», matizó. Sobre esta causa pidió a los ciudadanos del municipio 'andritxol' que tras las pasadas elecciones, «reflexionen y hagan uso de la ciudadanía, que controlen lo que ocurre a su alrededor, vayan a los Plenos y vean lo que está pasando».

Con respecto al blanqueo de dinero, Martín Pallín explicó que «se ha convertido en una preocupación universal, no sólo en el ámbito de la Comunidad Europea, sino también en Estados Unidos, Canadá y Suiza, porque se ha detectado que gran parte del dinero utilizado por la criminalidad organizada se intenta hacer aflorar a través de operaciones que tengan una apariencia de legalidad». También explicó que la nueva normativa sobre el blanqueo de capitales establece obligaciones de notarios y abogados para dar cuenta al banco de España de operaciones irregulares.

Asimismo, el magistrado calificó de «dramático» el problema del exceso de construcción en el litoral español y abogó por «demoler» las obras que los jueces declaren ilegales.

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