El fiscal retiró ayer su cargo por presunta malversación de caudal hereditario no consolidado contra los hermanos Rodolfo y Pilar Bay Morenes y su abogado Joaquín Cotoner Goyeneche, al término de la segunda sesión del juicio promovido por sus hermanastros sobre el dinero obtenido de una casa en la urbanización Son Vida antes del reparto conforme de la dote.
El litigio penal, promovido por José María y Juan Antonio Muro-Lara, hijos de la difunta Marta Girod del Avellanal, tomó ayer en la sala una cierta aclaración procesal cuando los magistrados les preguntaron cúando fueron sabedores de que su madre había fallecido en accidente de tráfico al menos una hora antes que su marido, Rodolfo Bay Alfageme (hijo del fundador de Spantax, Rudy Bay), que conducía el vehículo siniestrado. La cuestión tenía que ver con el fondo de la causa que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, por cuanto la casa de Son Vida era un bien privativo de la señora Girod, que conforme al ordenamiento jurídico español pasó a ser hereditario para su esposo en los minutos que mediaron hasta la muerte de él, y una vez producida la misma ya eran parte del caudal de la sociedad de gananciales que constituyó la herencia de los hijos de ambos.
En las testificales de ayer, el acusado Joaquín Cotoner respondió a preguntas de su abogado, Rafael Perera, que estaba convencido de que la titularidad real de la casa de Son Vida era de sus patrocinados, los hermanos Bay Morenes, por lo que estimó pertienente que en 1999 la vendieran a quien era su inquilino desde 1993 mediante un contrato condicionado al logro de la propiedad formal, siendo las cantidades a cuenta -hoy objeto de litigio- anticipos de una liquidación final.
El abogado de los demandados, Gabriel Garcías, interrogó a los hermanos Muro-Lara, querellantes en la causa, y a su abogado, Raimundo Zaforteza, sobre qué razón les llevó a no impugnar el cuaderno particional de la herencia Bay-Girod presentado en 2006 por el contador imparcial Félix Pons -donde se establecía la propiedad de la casa de Son Vida para los Bay Morenes-, y a firmar en cambio junto al protocolo de aceptación de la dote otro documento notarial en el que se reservaban acciones legales contra sus hermanastros. Los tres señalaron que les pareció lo idóneo para reclamar algo -las supuestas rentas del inmueble durante siete años- que no estaba recogido en el cuaderno particional, pero el letrado que interrogaba consiguió su objetivo de aclarar que se había sustituido una impugnación -vía civil- por una querella en la vía penal que sienta a personas en el banquillo. La sesión final de mañana conocerá los alegatos de la acusación y la defensa.