PATRICIO CANDIA/JUAN POYATOS
La Fiscalía Anticorrupción de Balears sigue la pista de una red internacional que falsificó el IBI para dar cobertura legal a decenas de fincas vendidas dos o más veces en Andratx, según pudo confirmar Ultima Hora en fuentes judiciales. El IBI, que todavía se denomina como «la contribución territorial urbana», es un impuesto que abonan los propietarios de los inmuebles una vez al año. Es, por ello, obligatoria la referencia catastral en la escritura y, en todo caso, es necesaria para la inscripción en el registro. Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, que investigan la denominada 'operación Relámpago' en su doble vertiente, doble venta de fincas y blanqueo de capitales, han centrado sus pesquisas en el IBI, ya que es uno de los documentos imprescindibles para cerrar una operación de compraventa. El Registro de las Propiedad y los notarios dieron plena validez a esas operaciones debido a que vendedor y comprador presentaron toda la documentación en regla. En ese contexto, el Registro es público, «y por ello cualquier persona puede consultarlo; además, cualquier persona interesada puede pedir la inscripción de los derechos que le corresponde: el comprador de inscribir la compra; el acreedor hipotecario su garantía de hipoteca», según la empresa especializada Comprarcasa.
Al menos tres juzgados de Palma (1, 11 y 12) investigan el millonario fraude consumado en Andratx con la doble, incluso, triple, venta de parcelas. Por ahora, el ciudadano francés Patrick Duchemin es el único detenido tras estallar la 'operación Relámpago' con el registro del Bufete Feliu y de la notaría de Alberto Herran y Àlvaro Delgado. No obstante, el juzgado de Instrucción 1 ha solicitado una euroorden para localizar al administrador único de Detursa, la sociedad investigada por las dobles ventas, el también francés de origen vietnamita Yann Theau. También, juzgados de los civil tramitan denuncias contra registradores de la propiedad y notarios por supuesta negligencia profesional. El registrador debe identificar al titular actual de la finca, y si ésta se encuentra gravada con hipoteca o con algún otro derecho, como anotaciones de embargo, condiciones resolutorias, derechos de usufructo, arrendamientos, opciones de compra, y algunas otras un poco más complicadas e infrecuentes, que se denominan derechos reales en cosa ajena, según Comprarcasa. El notario, por su parte, tiene la obligación al registro de la propiedad información de la situación registral de la vivienda de forma urgente (incluso por fax) antes de otorgar la escritura de compraventa. Las partes (comprador y vendedor) pueden renunciar a este derecho. La Fiscalía Anticorrupción sigue la pista de la falsificación masiva del IBI, circunstancia que explicaría la cadena de errores que permitieron a los supuestos estafadores cerrar la venta de una misma finca una, dos o hasta tres veces. En todos los casos, la parcela estaba al corriente de los pagos y constaba la referencia catastral en la escritura. En esa millonaria estafa, la Fiscalía siguen dos líneas de investigación: la falsificación de identidades de los legítimos propietarios de las parcelas, y del IBI o de otros documentos que permitieron registrar fincas a nombre de varias personas a la vez. En la primera, la suplantación de personalidades llegó a extremos muy burdos, como fotografías de pasaporte con supuestos «propietarios» luciendo llamativas pelucas. En este caso, las pesquisas apuntan a una banda de delincuentes del Este. En la segunda, además del Bufete Feliu, los investigadores siguen la pista de testaferros franceses o belgas, perfectamente identificados, que fueron utilizados para registrar las propiedades a sus nombres. Estos «hombre de paja» emplearon poderes notariales falsificados.