J.P./P.C./ E.L.V.
Los personajes de la 'operación Vomarar' y 'Relámpago' aparecen en una mismo tema urbanístico. Este periódico ha tenido acceso a una serie de documentos en los que figuran todos los protagonistas de la trama interconectados. En primer lugar aparece Jaume Massot, en libertad con cargos en la 'operación Voramar', como jefe del área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ajuntament d'Andratx, en el que responde a un escrito de Julie Duchemin, actualmente en libertad con cargos en el 'operación Relámpago'. En este escrito la hija de Patrick Duchemin, en prisión por la supuesta trama de doble venta de parcelas en Andratx, solicita que se acredite que para la venta de una parcela en ese municipio no es necesaria la licencia de segregación. Este documento tiene el visto bueno del entonces primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Eugenio Hidalgo, el libertad con cargos en el 'caso Andratx'.
Este certificado era imprescindible para la promotora Detursa, cuyo administrador único fue el francés Yann Theau, en busca y captura, pudiera vender parcelas de una finca matriz que veinte años el bufete Feliu, al parecer, ya había segregado y vendido en gran parte. Curiosamente, esta operación de venta a un alemán de una finca que ya era propiedad de un austríaco, se realizó también por medio del mismo despacho de letrados. Un documento prueba que el alemán pagó 897.195 pesetas como previsión de fondos al bufete con objeto de «compraventa a Detursa». En los mismos documentos firma la secretaria de Miguel Feliu, C.A. Hasta el momento sigue sin saberse por qué el registro de la propiedad admitió el doble registro en tantos casos sin apercibirse del «error». Esta parcela, como otras, continúa en la actualidad a nombre de distintas personas. Estas dobles ventas, según ha admitido la Fiscalía, han llegado en algunos casos a ser incluso triples ventas.
La defensa de los implicados ha optado en general por alegar errores y equivocaciones. Los notarios afirman que ellos dan fe de que se hace una transacción y que les es suficiente con la documentación en regla, es decir, pasaportes y notas de registros. Por su parte, el registro asegura que fe de operaciones que realizan particulares y que entiende que estos obran lícitamente. Esta espiral de «errores» desembocó en la venta de múltiples fincas sin el conocimiento de sus legítimos propietarios. Estas ventas produjeron lógicamente beneficios millonarios, que todavía hoy son objetos de prolija investigación por parte de la Policía Nacional, Guardia Civil, inspectores de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción de Balears. Por otra parte el letrado Salvador Perera, que representa los intereses de la entidad mercantil Bufete Feliu S.A., pidió ayer ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma el desbloqueo de una de las cuentas intervenidas por el juez.