JAVIER JIMÉNEZ
A las diez de la mañana la tranquilidad en el Paseo Mallorca, en la esquina con Jinetes de Alcalá, es casi total. El panorama cambia en segundos. Una treintena de agentes espera disimuladamente junto al restaurante Click. Llega Juan Carrau, hace un gesto casi imperceptible, y la maquinaria se pone en marcha.
La comitiva se dirige con paso firme al bufete Feliu, en el número 2 del Paseo Mallorca. Los transeúntes se giran alarmados, mientras los expertos anticorrupción toman las lujosas oficinas de la familia Feliu. Todos lo que en ese momento se encontraban en su interior quedan retenidos, se les prohíbe comunicarse con el exterior y se cierra el acceso desde la calle. Nadie puede entrar o salir, al menos de momento. El registro en las oficinas dura horas y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, apoyados por investigadores de la Agencia Tributaria, sacan cajas repletas de documentación, archivos y soportes informáticos. Prácticamente expolian el bufete, en busca de pruebas del fraude millonario y la estafa continuada que supuestamente se perpetró desde aquellas oficinas.
En la calle la expectación es tremenda. Periodistas y curiosos se agolpan a la puerta del conocido bufete y la Policía, finalmente, se lleva detenidos a uno de los hijos de Pep Feliu, a un contable y a una secretaria llamada Alexandra. Toda la documentación intervenida será minuciosamente analizada y como resultado podrían producirse nuevas detenciones.
El bufete estaba estrechamente relacionado con la notaría Herrán-Delgado, ubicada en el número 2A de la calle Unión. Esa fue la segunda estación del tren policial. Durante horas los efectivos de la Jefatura palmesana registraron la oficina y se intervinieron de cajas de documentación. Àlvaro Delgado Truyols, hermano del alcalde de Calvià, aseguró que «estoy muy tranquilo porque no tengo nada que ocultar». Ni él ni su socio, Alberto Ramón Herrán, fueron detenidos, y en los próximos días todo el material que se encontraba en su notaría será minuciosamente analizado por la Policía. Además de los 12 inmuebles registrados ayer en Mallorca, hay otros dos en Madrid, y se han enviado mandamientos a 26 bancos para bloquear cuentas, saldos y fondos.