Una gran pala mecánica comenzó a retirar ayer las toneladas de escombros de las cocheras que fueron derribadas por sorpresa el pasado 5 de febrero en Son Ferriol. Pocos minutos antes de las 09.00 horas, varios de los inquilinos observaron que el propio dueño, Bartomeu Torrens, estaba junto a la entrada de la finca, un tanto inquieto y esperando la llegada del vehículo. Poco después entró en la propiedad por un acceso trasero para dirigir las maniobras del palista. Esta acción se produjo pese a su declaración judicial de la semana pasada, prestada en calidad de imputado por delitos de daños y coacciones ante el juzgado de Instrucción 4. Al final de la misma, la jueza le conminó verbalmente a no entrar en la finca, y él mismo se había comprometido a no hacerlo.
Al ver que estaba en la propiedad, uno de los vecinos llamó por teléfono a la policía y varios minutos más tarde llegó un coche del CNP, así como dos motoristas y dos patrullas de la Policía Local de Palma. Los agentes del CNP pidieron al dueño que mostrase la documentación para justificar su presencia en la propiedad. El dueño les respondió enseñándoles una orden judicial en la cual se le ordena que retire los escombros en un plazo máximo de cinco días. Sin embargo, los agentes no dieron por bueno este documento y le acompañaron hasta la salida de la finca.
El propietario no quiso contestar a las causas por las que estaba en la propiedad ni qué iba a hacer con los escombros, limitándose a decir: «no sé nada, esto no es cosa mía».
Durante el resto de la mañana, la policía local permaneció en la finca para comprobar que no se producía incidente alguno.
Sobre las 14.00 horas, los vecinos comprobaron con cierto pesimismo que los escombros no eran retirados en camiones del lugar, sino que simplemente eran desplazados varios metros más lejos de las casas, formando varios montones, a la espera de que sean retirados en próximos días.
Los vecinos se mostraron también inquietos con respecto a su futuro. El propio dueño reconoció que algunas familias tenían contratos en vigor, aunque recordó que «no están sujetos a prórroga forzosa de manera indefinida», con lo que se podría producir un desahucio en próximas fechas.