Algunos de los residentes de las casas de Son Ferriol derribadas hace varios días han interpuesto una denuncia por mobbing inmobiliario contra el dueño. El escrito fue presentado ante el juzgado de guardia ayer a mediodía en nombre de cinco de los arrendatarios. El abogado de todos ellos, Miguel Àngel Villalonga, considera que el propietario comenzó hace cuatro años «un plan sistemático de acoso contra las familias residentes en dicha finca». Por aquellas fechas murió el antiguo propietario, y desde ese momento su hermano cortó el agua y la luz a casi todas las familias residentes, lo cual «constituye un hostigamiento directo e insoportable hacia los denunciantes», según la denuncia.
El escrito indica que el punto culminante se produjo el pasado día 5, cuando el dueño «se personó en la finca con un bulldozer y arrasó con cuantas viviendas y cocheras pudo, hasta que por la acción de Policía Nacional y Policía Local lo pararon, al contemplar que su propósito era derrumbar toda construcción existente».
Para el abogado esto ha creado «una situación de angustia, desasosiego, presión e intimidación inmoral e ilegal, ante el temor de que en cualquier momento del día o de la noche puedan encontrarse con su vivienda derrumbada (...) padeciendo una situación de pánico a residir en su domicilio».
La denuncia también se refiere a las montañas de escombros que han resultado de las demoliciones, pidiendo que se remita a la Conselleria de Medi Ambient para que el dueño se encargue de su retirada.
La denuncia critica que las montañas de detritos y cemento «son un nido de infecciones, les dificulta la deambulación y puede provocarles problemas de salud, al ser los techos de Uralita y, al parecer, dicho material, una vez manipulado es altamente cancerígeno».
La denuncia también critica la llegada de varias familias gitanas desde unas chabolas de s'Indioteria. Estas familias se han instalado en algunas viviendas deshabitadas y se han llevado algunos de los enseres personales de los residentes, además de «intimidar a los inquilinos», lo que supone para los denunciantes «una limitación a sus derechos constitucionales de intimidad».
La denuncia concluye criticando «la pasividad de la Administración» ante todo este cúmulo de problemas, afirmando que de este modo se beneficia la intención del dueño de que todos lo inquilinos abandonen sus casas.
Varios inquilinos ya denunciaron al dueño por daños.
La denuncia incluye una solicitud de embargo temporal de la finca. El letrado sustenta esta petición «a la vista de la cantidad de perjudicados (...) y a fin de responder a las posibles responsabilidades civiles aparejadas por los presuntos delitos». El abogado sostiene que la intención del dueño sigue siendo la de demoler todas las fincas «pues la tiene vendida y debe entregarla el primero de marzo», aunque éste afirma que los terrenos no están vendidos y que los destinará a la siembra.
Otra de las medidas exigidas es que se imponga al dueño la prohibición de acudir al predio donde residen los denunciantes, con el objetivo de que no intente de nuevo el derribo de las viviendas, tal y como ha sucedido en dos ocasiones.