JAVIER JIMÉNEZ
Vestido de uniforme y luciendo tricornio ayer compareció en la Comandancia de la Guardia civil de Palma Joan Miquel Perpinyà, el líder de la AUGC inhabilitado por la concentración de guardias civiles en Madrid. El mallorquín se negó a declarar ante el instructor del caso porque no se aportaron unas pruebas que consideraba necesarias.
Perpinyà y su abogado, Mariano Casado, no llegaron solos a la calle Manuel Azaña. Les acompañaban sindicalistas -entre ellos Lorenzo Brazo, secretario general de UGT- y algunos afiliados a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. La expectación mediática era considerable y el líder mallorquín, a escasos metros de la entrada del acuartelamiento, fue tajante: «Hay un pronunciamiento político y jurídico parece que también, en mi opinión todo está muy decidido». Añadió que era una «cosa inédita e inaudita que a un representante de 24.700 trabajadores de la Guardia Civil se le haga comparecer por realizar su tarea de representación de los intereses del colectivo».
A continuación, el representante inhabilitado cruzó la calle y entró en la Comandancia, seguido de su abogado. Le estaba esperando el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, llegado ex profeso a la isla para tomarle declaración.Su declaración, que al final no fue tal, se prolongó por espacio de una hora y a su salida del cuartel Perpinyà contó cómo había transcurrido el trámite: «La Ley exige que se nos entregue íntegramente el expediente y faltaban documentos importantes, por lo que se pidió la suspensión de la declaración, que no se ha acordado, de modo que me he acogido a mi derecho constitucional a no declarar».