El Govern, a través de la Direcció General d'Emergències de la Conselleria d'Interior, abandera las quejas de Comunidades Autónomas del Estado contra el Gobierno central por la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Las críticas no van dirigidas a la UME en sí misma, sino a la forma cómo se ha gestionado la creación del organismo.
En un informe de la Consellería d'Interior se señala que «Defensa no ha querido dar transparencia a ninguna de sus actuaciones (sobre la UME) y está montando un sistema paralelo al Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias». En otro apartado se escribe: «Tanto la Subsecretaría de Interior como desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y el general Castresana, han manifestado que desde el incendio forestal de Guadalajara se habían dado órdenes del presidente del Gobierno de cambiar el sistema de inmediato, asumiendo la Administración Central un papel que no se corresponde con el actual ordenamiento jurídico».
En el informe, Joan Pol, director general d'Emergències, manifiesta que «estamos ante una maniobra política de gran calado que pretende centralizar toda la información y la toma de decisiones para así manifestarse ante la opinión pública como una reacción a la situación anterior (el incendio en Guadalajara que costó la vida a varias personas), pudiendo decidir en cualquier momento el Estado cuándo le interesa o no el dirigir cualquier situación de emergencia o crisis». Añade Pol que «en mi opinión, si el Estado cree que el Sistema debe cambiarse, que asuma la dirección y coste económico de todos los planes de Protección Civil, y si no, que aporte los 903 millones de euros que va a destinar a la UME en mejorar el actual Sistema Nacional de Protección Civil, que ha demostrado su eficiencia». Dicho informe se elaboró a raíz de la retirada unilateral del proyecto de modificación de las actividades de la Administración General del Estado en materia de Protección Civil, del orden del día del pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil, el 19 de enero del presente año. El proyecto se había consensuado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Se trataba de un proyecto de Real Decreto que fue incluído en el orden del día de la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el doce de enero de 2006. Al ser un texto pactado no hubo debate pero al preguntar si se aprobaba por unanimidad, el representante del Ministerio de Defensa, el general Muñoz Castresana, manifestó que necesitaba más tiempo para su estudio por lo que proponia su retirada. El general no dio ningún tipo de explicación, remitiéndose únicamente a futuros replanteamientos de las misiones de las Fuerzas Armadas. Esta postura causó sorpresa entre los asistentes. Al día siguiente de la reunión, el Ministerio de Defensa llevó al Consejo de Ministros la creación de la UME.
Cuatro meses
Posteriormente, en escritos dirigidos a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Joan Pol expone el hecho de que la UME se creó el 7 de octubre de 2005 «pero se le dio publicidad casi cuatro meses más tarde».
Pol expresa sus quejas en términos como «la impresión que tengo es que se está realizando con una total pasividad por parte del órgano competente unas injerencias totalmente inadmisibles en el seno de Protección Civil, volviendo a un sistema ya olvidado de defensa pasiva que, gracias al trabajo y dedicación de muchos profesionales de las emergencias se ha conseguido que evolucionara hasta llegar a nuestro sistema actual».
En otro párrafo escribe: «Le quiero expresar como miembro de la Comisión Nacional de Protección Civil, mi más profunda preocupación ante los hechos que están aconteciendo en el seno de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil en lo referente a la UME en particular, y al Ministerio de Defensa en general».