JAVIER JIMÉNEZ
La Policía Científica de la Jefatura de Palma y una unidad especial llegada desde Madrid investigaron durante semanas en Can Valero, examinando una a una las naves afectadas, especialmente aquellas en las que se sospechaba que podía haber empezado el fuego.
La investigación fue compleja por el estado de algunas instalaciones, que habían quedado completamente arrasadas. Un químico de la brigada de Madrid rastreó en busca de acelerantes, pero no se halló ningún indicio. Tras ímprobas pesquisas se comprobó que el fuego había empezado en el altillo de una nave, donde se ubicaba una oficina, y en concreto empezó en el cableado. Se produjo un cortocircuito y después el fuego se propagó con una velocidad inusual.
El informe final del siniestro ya ha sido remitido al juez de Palma que investiga lo ocurrido y que quería saber, en primer lugar, si se había tratado de un incendio intencionado o accidental.De forma paralela a las conclusiones oficiales, varias compañías aseguradoras han elaborado estudios sobre el incendio, aunque no ha trascendido si los resultados coinciden. En cualquier caso, el informe que tiene validez total a nivel judicial es el elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía. El desastre de Can Valero tuvo lugar el pasado 27 de abril y los daños económicos fueron millonarios. La macronave afectada, ubicada entre las calles Josep Antoni de Cabanyes, Prudenci Rovira, Alexandre de Laborde y Francesc Vallduví, estaba compartimentada y albergaba a numerosos negocios, en locales de unos 200 metros cuadrados. Las labores de extinción se prolongaron durante horas y los bomberos montaron un dispositivo sin precedentes, que aún así no pudo impedir que algunos establecimientos quedaran devastados. Días después las autoridades se reunieron con los afectados y les anunciaron créditos blandos en forma de ayudas, pero recientemente un grupo de empresarios denunció a este periódico que las promesas no se habían cumplido.