El Juzgado de Violencia Doméstica de Palma tramitó 448 órdenes de protección en un año, de las que 304 (67,85%) se concedieron y el resto fueron denegadas.
La titular del juzgado, Marta Iglesias, resolvió, asimismo, 1.235 asuntos penales de los 2.626 ingresados desde junio de 2005, lo que representa un 47,02% del total, según los datos que presentó ayer en una rueda de prensa celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), a la que también asistió el juez decano de Palma, Francisco Martínez.
Pese al elevado volumen de asuntos que quedaron sin resolver (1.391), la juez insistió en que se trata de causas que «no están pendientes de resolución, sino que se están investigando».
Explicó que tras la creación en Palma del juzgado de violencia doméstica se registró «una avalancha» de entrada de asuntos, lo que explica la elevada carga de trabajo que ha soportado ese nuevo juzgado en un año.Así y todo, afirmó, se resolvieron 1.235 causas, 35 más de las 1.200 fijadas en el módulo de cumplimiento obligatorio impuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Francisco Martínez dijo que si la creación de juzgados de violencia sobre la mujer se hubiese ajustado a las necesidades reales, en Palma tendría que haberse creado al menos uno más. De hecho, según los datos facilitados, en el último semestre del año pasado se registraron en el juzgado 1.471 asuntos, mientras que en la primera mitad de este año fueron 1.155, cifra que representa un descenso del 21,4%.
De las órdenes de protección concedidas, 295 incluyeron el alejamiento del presunto agresor, aunque la juez aclaró que en algunos casos en que no se pudo celebrar la comparecencia conjunta de denunciado y denunciante con presencia del fiscal también ha dictado autos de alejamiento por creerlo necesario.
Sobre el hecho de que casi una tercera parte de las solicitudes de protección fueran denegadas, la magistrada recordó que estas órdenes requieren de la concurrencia de indicios de la comisión de una infracción penal y de riesgo objetivo para la presunta víctima, ya que las restricciones que se le imponen al denunciado son tan severas que deben estar plenamente justificadas.
Los nexos entre las 448 mujeres que pidieron protección y sus presuntos agresores era de una relación afectiva ya rota en el 31,4% de los casos, de relación afectiva en curso en el 29,6% de ocasiones, otro 23,6% estaba casada con el hombre al que denunciaba y un 15,1% acusaba de agresión a un ex marido.
Según estos datos, en la mayoría de los casos las mujeres que reclaman protección por ser víctimas de violencia responsabilizan de ella a sus parejas.