La Audiencia Provincial confirmó ayer el acuerdo para que 23 de los 24 miembros del clan de Son Banya acusados de blanqueo no vayan a la cárcel. En una sentencia de 49 páginas, el tribunal ratifica la conformidad hecha pública en enero, que los condena a penas en torno a los 20 meses de cárcel sustituibles por el pago de una multa, y enumera minuciosamente las maniobras de cada acusado para blanquear el dinero procedente de la droga.
Una de las principales protagonistas es Francisca Cortés, con cinco condenas a sus espaldas y conocida como «la Paca». El fallo prueba que esta mujer compró tres fincas, varios vehículos y realizó diferentes transferencias bancarias a cuentas de familiares.
El fallo continúa describiendo cómo varios de los inculpados crearon dos sociedades mercantiles para comprar y vender casas en Manacor, Palma, Llucmajor ó Sencelles.
Otro acusado, Isidro Cortés, era propietario de 11 caballos trotones de competición valorados en unos 62.000 euros. Para evitar su intervención judicial simuló venderlos al inculpado Hermes Rigo, quien constituyó una peña para formalizar la falsa compraventa. Estos caballos ganaron numerosos premios, cuyo importe se fue depositando por orden judicial desde agosto de 2001 en una cuenta del juzgado de instrucción número 1.
Entre las maniobras más curiosas de blanqueo figura la compra de numerosos décimos de lotería premiados, por un importe total de 42.000 euros. Una de las pocas novedades que arroja el fallo es la condena de Francisco Amaya, el único de los 24 acusados que cumplirá pena de prisión al no conformarse con el pacto propuesto en enero por el fiscal. Amaya ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel y a una multa de 270.000 euros. El tribunal considera probado que compró una finca en el término municipal de Llucmajor «sin haber estado de Alta en la Seguridad Social ni un solo día». El fallo concluye indicando que «todos los bienes decomisados se adjudican al Estado».