La Conselleria de Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Balears firmaron ayer un protocolo para mejorar el actual sistema que prevé penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Este sistema se aplica como alternativas a las penas de prisión poco elevadas, en delitos como los de violencia doméstica, conducción alcohólica o faltas contra el medio ambiente.
Los firmantes del convenio fueron Antoni Terrassa, presidente del TSJB, y José María Rodríguez, conseller de Interior y presidente de la Fundación de Ayuda a la Reinserción, un organismo que depende de Interior y que fue creado en octubre de 2004.
Terrassa explicó que el protocolo facilitará la colaboración entre el centro penitenciario, la comunidad autónoma y los ayuntamientos para que este tipo de penas se apliquen con más frecuencia, recordando que hasta el presente ha resultado «complicadísimo» llevar a la práctica este tipo de condenas.
Rodríguez destacó que es la primera vez que se firma un convenio de estas características. También adelantó que la Fundación que preside aportará en breve un soporte informático que calificó de «absolutamente novedoso en España». Se trata de una agenda electrónica de asignación de trabajos, que permitirá controlar las jornadas, su cumplimiento y de los puestos de trabajo existentes.
Actualmente, 338 condenados se benefician de este sistema en Balears. Por su parte, el juez magistrado de penal 6, Miquel Arbona, recordó ayer que las condenas de trabajos ha experimentado un auge desde la última reforma del Código Penal de 1995 y recordó que su aplicación «depende siempre del consentimiento del penado».