El fiscal ha renunciado a 65 de los 89 testigos previstos en el macrojuicio a los 26 acusados de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales del clan de Son Banya. El representante del Ministerio Público detalló ayer los documentos que presentará como prueba documental y presentó la lista de los testigos a los que interrogará, después de que hace dos semanas se llegara a un acuerdo. Según éste, 24 de los 26 acusados reconocieron los hechos, haciendo innecesaria la mayor parte de la prueba que se ha presentado en 32 enormes tomos.
En concreto, el fiscal explicó que renuncia al testimonio de 15 policías del CNP, a 48 testigos civiles y a dos pruebas periciales, mientras que el abogado del Estado mantiene las acusaciones de delito contra la Hacienda Pública y ha renunciado a una prueba pericial.
De este modo, el interrogatorio se limitará a siete testigos, 10 policías nacionales y tres locales. Además, testificarán tres inspectores de la Agencia Tributaria y un tasador de bienes inmuebles.
La cuarta jornada de juicio tuvo un despliegue policial mínimo, ya que sólo un agente de la policía velaba por la seguridad en el edificio de la Audiencia Provincial. A pesar de ello, se vivió una jornada sin incidentes. La próxima sesión está prevista para el 6 de febrero, día en que se intentará realizar el interrogatorio a todos los testigos.
Actualmente, el juicio prosigue debido a que dos de los 26 acusados rechazaron el pacto propuesto por el fiscal. Se trata de una mujer empleada en una inmobiliaria y que compró varios pisos a 'La Paca', según ella con el dinero procedente de la jubilación de su marido, y de un hombre que adquirió una finca en el término municipal de Llucmajor en 1996, supuestamente con el fin de blanquear dinero procedente de la droga.