Un gran despliegue de seguridad fue la nota más destacada en la segunda jornada del juicio contra los acusados de blanqueo de Son Banya, en el que los abogados presentaron varias cuestiones previas ante el tribunal.
Cuatro furgones de la policía, con agentes antidisturbios, se apostaron a la entrada de la sala de vistas y en la puerta del Palacio de Justicia, donde solamente permitieron el acceso a los 26 acusados, excluyendo así a los numerosos familiares que acudieron para prestar su apoyo, y que formaron varios corros en las inmediaciones de la Audiencia Provincial.
Aún así, en la puerta se produjeron algunos momentos de tensión cuando algunos familiares increparon a fotógrafos y a un cámara de televisión. Los agentes enfriaron los ánimos y la riña no subió de tono, aunque la magistrada prohibió expresamente que se realizaran fotos en el patio para evitar los incidentes de la primera jornada, cuando varios individuos siguieron y amenazaron a un fotógrafo por los pasillos.
En la jornada de ayer, la vista tuvo que retrasarse cerca de hora y media por la incomparecencia de dos de los 26 acusados, que habían acudido a trabajar. En la reanudación, los abogados defensores presentaron algunas cuestiones previas. Entre los documentos aportados figuran copias de escrituras de algunas fincas que han sido embargadas, intentando demostrar, a través de la fecha de compra, que no proceden del blanqueo de dinero de las drogas.
Los letrados también aportaron contratos de trabajo y solicitaron la declaración de nuevos testigos. Además, uno de los abogados afirmó que varios de los delitos de blanqueo por los que el fiscal acusa a sus defendidos ya han prescrito, puesto que se produjeron en el año 2000 y el plazo máximo para que sean juzgados es de cinco años. El fiscal lo rebatió asegurando que se trata de delitos continuados, que prescriben a los diez años.
El lunes se reanudará el juicio con una jornada de mañana y tarde en el que se realizará el interrogatorio de los acusados. Los que se declaren culpables serán los que hayan aceptado el pacto propuesto por el fiscal.