El pacto entre el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, y los abogados de los acusados de narcotráfico y blanqueo de dinero, pertenecientes a un clan de Son Banya, no se firmará tal y como estaba previsto. Así lo explicó ayer a Ultima Hora Bartomeu Barceló, fiscal jefe de Balears, añadiendo sobre los motivos que los procesados se resisten a entregar todos los bienes fruto del delito.
Otras fuentes de la capital del Estado, por su parte, dijeron que el giro de 160 grados en este caso obedece a una orden directa de Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga. En la edición del pasado jueves se informó en estas páginas de que, después de semanas de negociaciones, el día anterior los abogados de los 27 acusados se reunieron con Juan Carrau en su despacho. La inmensa mayoría aceptó las condiciones del acuerdo, que se daba ya por hecho salvo algún que otro fleco de menor importancia, por lo que sólo faltaba rubricarlo con las firmas de los acusados. Pero el mismo jueves Javier Zaragoza, se puso en contacto telefónico con Juan Carrau y, en síntesis, le dijo que tras revisar las condiciones no podían aceptarse las mismas por parte de la fiscalía que preside.
Según manifestaciones de una persona cercana a Zaragoza, Juan Carrau se habría resistido en principio y solicitó que para dar marcha atrás quería que se lo ordenaran por escrito. La misma tarde del jueves este escrito, firmado, habría llegado a Palma. A partir de ahí, pues, el llamado «pacto de Son Banya» no verá nunca la luz, tal y como se había concebido. La citada fuente señaló que el principal motivo que alegó Javier Zaragoza para prohibir que la Fiscalía de Palma firmara el pacto, es el de que las penas de privación de libertad que se iban a imponer a los acusados, eran demasiado bajas.
Desde el pasado jueves se está intentando localizar a todos los abogados que trabajan en el caso, para informarles de la nueva situación que se ha creado. Como se ha venido informando, el acuerdo suponía, a grosso modo, que el Estado se quedaba con todos los bienes intervenidos al clan, que los acusados se declarasen culpables, y que las condenas impuestas no supusieran el ingreso en la cárcel para ninguno de los procesados. También, se les condenaba a todos ellos a multas que, en el caso de no ser pagadas, supondrían el ingreso en la cárcel.
Como también se ha venido informando en estas páginas, la inmensa mayoría de abogados de los 27 acusados estaban de acuerdo con las condiciones ofrecidas por el fiscal Juan Carrau.