La Audiencia Provincial se convirtió ayer en un constante ir y venir de abogados vestidos con sus togas negras recorriendo los pasillos, subiendo y bajando escaleras para hablar con sus clientes o comentando algo entre ellos. En total, 40 letrados y 50 acusados de comprar títulos de patrón de yate falsificados, la mayoría de ellos adquiridos a partir del año 1998 en Pollença.
La causa correspondía al juzgado de lo penal número 2, aunque la cantidad de implicados les obligó a solicitar la sala del tribunal del jurado. El juicio fue tan notorio en la vida judicial palmesana que los juzgados de Vía Alemania quedaron prácticamente desiertos y sin celebraciones durante casi toda la mañana.
A primera hora, los 40 letrados entraron en sala. Sentados en el lugar de los miembros del jurado, en sillas colocadas en el estrado, con sus maletines de piel formando filas en el suelo, se produjeron varios momentos de hilaridad y confusión, e incluso la jueza tuvo que pedir a varios de los letrados que no se sentaran en el banquillo de los acusados «porque eso ya era demasiado». Los abogados llegaron a una conformidad con el fiscal y a continuación salieron a comentársela a sus clientes. Todos ellos, menos dos, aceptaron las penas propuestas por el fiscal.
El fallo final condena a Anthony L.H. a dos años de prisión y una multa de 4.320 euros. El otro «cerebro» de esta operación, Salvador Ll. B., ha sido condenado a 14 meses de prisión y 3.600 euros de multa. La conformidad también resolvió que 44 de los compradores paguen una multa de 540 euros, mientras que se han retirado los cargos contra otros dos imputados.
Aún así, el juicio no quedó cerrado ya que otros dos compradores no aceptaron los cargos y decidieron continuar con el juicio. Uno de ellos es un ciudadano británico que vende barcos en Puerto Portals. En su declaración ante la juez, aseguró que su situación es legal, ya que afirma haber comprado el título para utilizarlo en el Reino Unido.