EUROPA PRESS-VALENCIA
La Ciudad de la Justicia de Valencia acogió ayer la primera jornada
del macrojuicio contra el anestesista Juan Maeso Vélez, procesado
por el contagio del virus de la hepatitis C a 276 pacientes que
fueron operados entre los años 1988 y 1997 en varios hospitales de
Valencia.
El inicio del juicio será justo siete años y medio después del inicio de las investigaciones, que comenzaron cuando la compañía Iberdrola puso en conocimiento de la Conselleria de Sanidad que había detectado un aumento de casos de hepatitis C entre sus trabajadores operados en la Casa de la Salud.
El juicio se inició con la declaración del procesado, quien aseguró ayer que contrajo la hepatitis «de los enfermos, alguno me ha contagiado a mí» y a los estaba tocando por su actividad «todos los días». El anestesista reconoció haberse pinchado y cortado accidentalmente pero trasladó al fiscal que nunca se pinchaba él y posteriormente inyectaba a los pacientes.
El anestesista afirmó que sabe que padece hepatitis C desde que se lo comunicaron en el hospital Casa de la Salud en febrero de 1998 ya que antes lo desconocía y, añadió, «hasta ahora dudo que la tenga». En este sentido, indicó que desde entonces se ha hecho un análisis de sangre, por recomendación de su letrado, aunque no sabe los resultados porque no le interesan.
El fiscal encargado del caso, Javier Carceller, reclama 2.214 años de cárcel para el anestesista y 28.885.002 euros de indemnización para los afectados, -el mayor de 82 años-, 22 de los cuales ya han fallecido aunque, según el ministerio público, únicamente tres por causas relacionadas con la enfermedad hepática.
Por su parte, tres de las contagiadas responsabilizaron ayer a la Generalitat valenciana de esta «catástrofe sanitaria», tal y como apuntaron dos de ellas, al entender que la Conselleria de Sanidad debería haber impedido que el anestesista Juan Maeso trabajara siendo consumidor de opiáceos, tal y como demostraron unos análisis efectuados al procesado.