El jurado popular delibera si Antonio V.P. es culpable o inocente de un delito continuado de cohecho, cuando era funcionario del juzgado de Paz de Calvià hace seis años. El fiscal Pedro Horrach y la abogada Catalina Sastre, que defiende al acusado, ofrecieron ayer sus conclusiones y el jurado tiene ahora la última palabra.
El fiscal modificó los hechos en sus conclusiones, aunque no varió la petición de condena de un año y seis meses de suspensión de empleo público para Antonio V.P. Según el fiscal, el acusado cobraba a procuradores de Palma cantidades de entre 1.000 y 3.000 pesetas para tramitar sus asuntos en el juzgado de Paz de Calvià, y los procuradores pagaban por temor a que no se retrasasen los asuntos.
La abogada defensora solicitó la absolución para el acusado, quien durante el juicio ha negado en todo momento haber cobrado dinero alguno por ejercer trabajos propios de su cargo.
En este sentido, el fiscal remarcó que la declaración de ahora de Antonio V.P. se contradice con otras realizadas ante la Guardia Civil y el juez cuando fue detenido hace seis años, en las que admitía que acudía por las tardes, fuera de su horario de trabajo, a despachos de procuradores de Palma y éstos le pagaban algo de dinero por la tramitación de los exhortos. En el juicio, varios testigos reconocieron que se efectuaban pagos al funcionario judicial de Calvià.