Hasta cinco barracas han proliferado en los últimos meses en pleno polígono de Son Castelló. La Policía Local de Palma está controlando estos asentamientos ilegales y ya ha redactado siete atestados alertando de la lamentable situación higiénica en la que viven al menos 20 personas.
Lo más curioso es que estas familias, compuestas por «temporeros» extremeños que llegaron en enero para confeccionar sombrillas de playa, se han instalado en unos terrenos municipales junto al punto de recogida selectiva de Emaya, entre la calle Gremi Sucrers i Candelers y el Camí dels Reis. Y pese a tener tan cerca los contenedores, han convertido aquel solar en un vertedero. «Estamos hartos de esta situación: defecan a la vista de todos y el olor es insoportable, han hecho un empalme ilegal para tener electricidad y cada día tiran la basura delante de las chabolas, por lo que están proliferando las ratas», comenta uno de los vecinos afectados. Ayer este periódico fue testigo del quehacer diario de los acampados. A las doce y media del mediodía había dos mujeres, cuatro niños y una anciana en las barracas, que están cubiertas por lonas para que no entre el agua. Con total tranquilidad, y a la vista de todos, una joven fue descargando la basura de una carretilla a escasos cinco metros del punto de recogida, frente a la Gran Vía Asima. Y eso no fue todo. Regresó al cuarto de hora y repitió la maniobra, con la misma indiferencia. «¿Qué les cuesta tirar la basura dentro de los contenedores?», se preguntó indignado otro de los empresarios, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Para la Policía Local, este panorama, que tanto incomoda a los vecinos, no es nuevo. En enero confeccionaron el primer informe, al detectar la presencia de aquellas chabolas en suelo municipal.
Casi cada mes, hasta la fecha, han ido controlando el aumento de las casetas y las tomas ilegales de electricidad, al igual que los Servicios Sociales de Cort, que se interesaron por las paupérrimas condiciones de vida de los «temporeros». En cualquier caso, el desalojo depende del Negociado de Patrimonio, que aún no se ha pronunciado.