La familia de José Manuel Puga, un hombre que murió el pasado noviembre arrollado por el tren de Sóller, se ha presentado como acusación particular contra el conductor del tren, al que acusa de una falta de imprudencia con resultado de muerte por el que solicitan una indemnización cuya cuantía no ha sido aún fijada. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 13 de noviembre de 2003, cuando José Manuel Puga, de 49 años, circulaba en una furgoneta Citroën Berlingo por Son Sardina en compañía de otra persona y se disponía a atravesar un paso a nivel sin barreras. El hombre no advirtió una señal de stop y fue arrollado por el convoy, al que no vio llegar. La máquina no iba a excesiva velocidad, aunque el choque dio de lleno en el lateral de la furgoneta hiriendo de muerte al conductor, que quedó atrapado en el interior, mientras que el otro ocupante del vehículo salió ileso. En el tren de Sóller viajaban unos diez pasajeros, ninguno de los cuales sufrió lesiones.
El violento incidente provocó además un ataque de nervios al maquinista, que tuvo que ser evacuado hasta la Mutua Balear, donde recibió medicación para que se calmara.
El atestado policial apuntaba en principio a que la responsabilidad recaía en el conductor de la furgoneta al no respetar la señal de stop, aunque la acusación particular, representada por el letrado Rafael Perera, sostiene la tesis de que el conductor del tren no tomó las suficientes precauciones ni tuvo en cuenta que la zona es especialmente «delicada», ya que cuenta con otros pasos similares. También sostiene que la señal de stop no podía verse, al hallarse semioculta tras una rejilla y abundante vegetación.