La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha absuelto de un delito contra la salud pública al propietario de una carnicería y a dos matarifes que sacrificaban animales en un matadero ilegal de sa Pobla. Pese a que el titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma también había dictado una sentencia absolutoria, el fiscal presentó un recurso y solicitaba dos años de cárcel y multa de doce mil euros para cada uno.
El tribunal, sin embargo, se remitió al antiguo Código Penal (anterior al año 1995) para llegar a la conclusión de que bajo ese texto legal, el supuesto delito pasaba a ser una simple infracción administrativa. El propietario de la carnicería fue defendido por el abogado Gabriel García, y los dos matarifes, por los letrados Fluxá y Arrom. El fiscal entendía que entre los meses de enero y junio de 2000, los tres acusados fueron responsables directos de haber sacrificado unas mil ovejas en un matadero ilegal. La carne era después vendida para su consumo. Los sacrificios se llevaban a cabo en una nave situada entre sa Pobla y Alcúdia. El caso fue investigado por la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía de Palma. El día siete de junio de 2000 se precintó la nave, estando presente personal de la entonces Conselleria de Sanitat. En principio se detuvo a cuatro personas, el dueño de una carnicería de sa Pobla, su esposa y dos matarifes, pero después la mujer quedó exculpada. Los policías intervinieron documentación, según la cual la carne se distribuía a distintas empresas y locales de la Isla, y también se vendía en la carnicería del acusado.